Ciudad Juárez, 9 de marzo. Que no se vuelvan a usar el luto y la muerte como bandera política. ¿Germán Martínez esta semana? No, la panista Cecilia Romero, actual comisionada del Instituto Nacional de Migración, durante la campaña electoral de 1998 en Ciudad Juárez.

En esta frontera la politización de la lucha contra la delincuencia es historia vieja. Apenas se resuelvan las elecciones federales, Chihuahua entrará en su proceso electoral local. De modo que es previsible que sea hasta octubre de 2010, cuando tomen posesión el nuevo gobernador y los alcaldes, que el combate a la delincuencia se despolitice.

La politización siempre negada ha dado pie incluso a episodios chuscos. El aparentemente muy serio senador panista Gustavo Madero, que aspira a la gubernatura, aprovechó una reunión en su tierra, en noviembre pasado, para decir que el menú de moda en Chihuahua eran los huevos a la gobernador, es decir, los huevos tibios. Y también para hacer un chiste a costa del lema del gobierno estatal, que es Chihuahua, tierra de encuentro, dijo que era exacto porque encuentras un cadáver aquí, y un cadáver allá.

José Reyes Baeza, el gobernador aludido, usó la reunión del Acuerdo Nacional de Seguridad, en el Palacio Nacional, el 29 de noviembre de 2008, para responder al panista delante de todo el gabinete y todos los gobernadores. Quiere sacar raja política de un tema tan delicado, dijo. Madero se disculpó de inmediato por sus dichos en una reunión privada balconeada en la prensa.

Pero algo debió faltar porque tres meses después, Madero y Baeza participaron en una reunión donde los acuerdos fueron cerrar filas y no salpicar de sangre las contiendas políticas.

“Debemos apoyar con determinación a nuestras autoridades: al presidente Felipe Calderón, a nuestro gobernador José Reyes Baeza y a los presidentes municipales… fortalecerlos y dotarlos de todo el respaldo político, jurídico y legal”, expresó al salir el senador Madero.

¡Es hipocresía de la clase política! Sus lenguas son tan largas que se enredan en su propia retórica, dice Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua. “En el afán de ‘no politizar’ terminan no definiendo una política de seguridad pública.”

Gran parte de las fallas en el combate a la delincuencia son atribuidas a la deficiente coordinación entre los tres niveles de gobierno. Es lo que justamente se quiso eliminar con la Operación Conjunta Chihuahua (OCC) que arrancó el año pasado. Una operación que de conjunta, piensa De la Rosa, sólo tiene el nombre. Y no se va a dar, porque ya los alcanzaron las elecciones.

La política de los generales

Mientras los políticos se negaban a politizar, los generales del Ejército, dice De la Rosa, llegaron a hacer política. De entrada, afirma desplegaron una campaña de acoso y desprestigio contra las instituciones policiacas del municipio y el estado. Tal campaña se acompañó con la detención de agentes de la policía ministerial, con la ocupación del centro de llamadas de emergencia y con un áspero trato con las autoridades estatales.

Al segundo día de su llegada, en marzo del año pasado, desde un punto de revisión del Ejército le dispararon a una patrulla de la policía municipal e hirieron en la cabeza al conductor. Fue nada más para que se entendiera que no podían pasar frente a ellos sin detenerse.

Una declaración del general Jorge Juárez Loera, posteriormente enviado a otra plaza pero siempre en el círculo cercano del titular de la Defensa, dejó claros los métodos del Ejército: Mi orden de cateo es el marro.

Cuando al general Juárez le hacían referencia a las comisiones de derechos humanos, retaba: que les manden sus recomendaciones a los narcos.

El Ejército criminaliza nuestro trabajo. Los mandos han dicho abiertamente que defendemos a criminales, dice el sacerdote Óscar Henríquez, de la Comisión de Derechos Humanos Paso del Norte.

El general Juárez Loera también aconsejó a la prensa sobre los ejecutados: En lugar de decirse uno más, debería decirse uno menos.

De la chicharra al frigorífico

Noventa y cinco de cada cien detenciones concretadas por el Ejército y relacionadas con el narcotráfico son resultado de denuncias anónimas o patrullajes, no de un trabajo de inteligencia de la OCC. Esto afirma la Barra de Abogados local, en declaraciones de Héctor González Mocken, recogidas por El Diario de Juárez.

No hay militares encubiertos, ni operativos de intervención, ni estrategias para obtener información de grupos delictivos, dice Gustavo de la Rosa, quien asegura que el Ejército desatendió completamente los archivos de los cuerpos policiacos de Chihuahua y comenzó a constituir una base de datos propia, sustentada en la detención de personas que en su opinión podrían estar involucradas en el narcotráfico.

A lo largo de 2008, los militares salían por las noches a realizar detenciones en las calles y cateos de domicilios. Decenas de personas eran detenidas, en operaciones que podrían volver pronto, dada la presencia de 5 mil 200 efectivos más de las fuerzas federales.

La CEDH ha documentado 140 casos, sobre unos mil que calcula, debido a que la mayor parte de las víctimas temen presentar una denuncia.

El organismo de derechos humanos ha encontrado un patrón de tortura que De la Rosa describe:

Los detenidos son primero sometidos a interrogatorios con cachetadas guajoloteras con dos preguntas apenas: ¿A quién vendes droga? ¿Quién te da la droga? A otros, los menos, les aseguran que son sicarios y les preguntan a quiénes han matado y quién los patrocina.

Si las respuestas no son satisfactorias, los detenidos son sometidos a descargas eléctricas (chicharra, llaman aquí a la picana). Sigue la llamada cama eléctrica: envueltos en una cobija mojada, los detenidos son acostados sobre una base metálica y les aplican corriente.

En la cuarta fase, suben a los detenidos, mojados, a un camión frigorífico y los pasean durante una noche. A la mañana siguiente, ya con el solecito, los interrogan de nuevo.

Entonces liberan a la mayoría. Claro, de una manera en que los detenidos piensan que los van a matar.

A su manera, Ana, ama de casa cuyo hermano Sergio fue asesinado por sicarios, llega a la misma conclusión: “Desde que llegaron los soldados la violencia está pior”.

Sergio trabajaba de parquero (franelero) frente a un hospital. Oficio de riesgo, al igual que el de cigarrero, pues esos empleos precarios frecuentemente están ligados a las redes del narcomenudeo. Ana lo sabe y dice que su hermano vivía tan jodido que no cree que haya vendido drogas jamás.

Hace unas semanas le metieron 17 tiros en la cabeza, cuando lavaba un coche, junto a su hijo de 15 años.

Uno de sus compañeros de trabajo corrió tras los asesinos y se topó con dos policías de tránsito. No podemos hacer nada, decretaron.

Unos meses antes del asesinato de Sergio, la casa de su madre, de 80 años, había sido cateada por el Ejército. No encontraron nada, dice Ana.

Las preguntas de la narcoguerra

Ya desplegado todo el poder del Estado mexicano, como gusta decir al alcalde Reyes Ferriz, elementos del Ejército, policías federales e inspectores de comercio municipal salieron el pasado fin de semana a revisar los antros de la ciudad. El saldo: un detenido que en confuso incidente disparó un arma y el descubrimiento de que en uno de los bares había dos menores de edad. Soldados camuflados y con armas largas hicieron ese trabajo.

Mientras, los militares toman el mando de los cuerpos de seguridad municipales y el ayuntamiento expide un manual para que los ciudadanos aprendan a convivir con ellos. Igual, pese a que siempre ha minimizado las quejas contra el Ejército, abre una oficina para recibir quejas ciudadanas contra soldados y policías federales.

Es de suponer que las autoridades municipales esperan una larga estancia. Aunque la recepción de los nuevos militares fue fría comparada con la de hace un año, hay gente que se acerca a los retenes para llevar alimentos y bebidas a los soldados.

Debe de ser que, frente al horror de la narcoguerra, sólo queda entre los juarenses la conclusión que Lourdes Almada resume en una pregunta: “La gente aquí señala: ‘Si no me aferro a que el Ejército puede, ¿entonces quién?’”

La otra pregunta la deja en el aire De la Rosa: Y cuándo los militares se vayan, ¿qué será de Juárez?