Los ex dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) Gloria Arenas, presa en el penal de Chiconautla, y Jacobo Silva, recluido en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, recibieron el martes un amparo directo del segundo tribunal colegiado, con lo que debieron haber quedado libres inmediatamente. Sin embargo, hasta la noche de este miércoles continuaban en sus respectivas prisiones.

Este es el segundo amparo obtenido por Arenas y Silva desde que fueron acusados por la Procuraduría General de la República de terrorismo, delincuencia organizada, acopio de armas y asociación delictuosa. En una primera instancia fueron absueltos de estos delitos y juzgados por homicidio, rebeldía y daños en propiedad ajena. Fueron condenados a 50 años de prisión.

En sus demandas de amparo, los dos guerrilleros en retiro demostraron que su detención fue ilegal. En un montaje escenificado por la policía judicial con agravantes más comprometedores que los que caracterizaron un caso más reciente, el de la presunta secuestradora francesa Florence Cassez, Jacobo Silva y Gloria Arenas fueron presentados ante la prensa el 24 de octubre de 1999, junto con dos detenidos más, en Chilpancingo, severamente golpeados.

Se pretendía hacer creer que habían sido detenidos durante una redada en la capital guerrerense unas horas antes. En realidad, Silva Nogales había sido arrestado en el Distrito Federal el 19 de octubre y posteriormente trasladado en forma ilegal a San Luis Potosí, donde dos días después, el 22 de octubre, fue detenida su esposa en el domicilio del matrimonio.

En el contexto de la política contrainsurgente del ex presidente Ernesto Zedillo, a ambos se les arrancaron declaraciones ministeriales mediante tortura. Los organismos de Naciones Unidas que investigan casos de detenciones arbitrarias e ilegales y tortura certificaron las violaciones en que incurrieron las autoridades mexicanas.

Estos antecedentes fueron claves para que los acusados pudieran demostrar la ilegalidad de su sentencia en dos juicios de amparo. En el primero lograron una reducción de su condena y en el segundo, emitido el 13 de marzo en el 21 circuito de amparo, deberían haber obtenido su libertad definitiva por haber compurgado ya el tiempo de su sentencia reducida.

La víspera del día 13, sin embargo, Gloria Arenas externó, en entrevista telefónica con La Jornada, su temor de que, al salir de prisión, utilizando un recurso que ya se ha visto en casos anteriores –como en el del ex gobernador Mario Villanueva Madrid o el empresario de origen argentino Carlos Ahumada–, se les arreste nuevamente a pocos pasos de cruzar el último retén del penal, en acato a una nueva orden de aprehensión.

Sabemos que existe un expediente que no se sumó a nuestra causa en Chilpancingo en 1999. Es una averiguación previa sobre una serie de secuestros, en el que se incluye el de Rubén Figueroa de los años setenta. Yo tendría para esas fechas 14 años, vivía en Orizaba y no tenía ninguna militancia. Nosotros tendríamos que demostrar nuestra inocencia en un nuevo proceso, pero no en libertad, sino desde la cárcel nuevamente. Es una situación no sólo irregular e ilegal, sino injusta en extremo, señaló la antigua coronela Aurora.