Acapulco, Gro., 20 de marzo. El gobierno mexicano no reaccionó a presiones de su contraparte estadunidense para pronunciarse a favor de que Citigroup, institución que ha sido rescatada de la quiebra con la inyección de recursos públicos, se mantuviera como propietario de Banamex, aseguró este viernes Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Hablé con el secretario del Tesoro de Estados Unidos (Timothy Geithner) y me dijo que su gobierno no tiene ningún interés en hacerse banquero, declaró Carstens durante la 72 Convención Bancaria, que concluyó hoy.

Anunció que el gobierno federal recurrirá a la contratación de deuda con organismos financieros internacionales por hasta 30 mil millones de pesos para financiar programas que contribuyan a impulsar el crecimiento económico. Como parte de las acciones para buscar una reactivación de la actividad productiva, dio a conocer que el Ejecutivo reconoce la necesidad de hacer más ágil la ejecución del gasto público y por ello propondrá modificaciones legales para abatir obstáculos burocráticos que retrasan el uso de los fondos.

Carstens se dijo convencido de que Estados Unidos, el país donde se originó la actual crisis financiera y económica mundial, el episodio recesivo más severo desde los años 30 del siglo pasado, según lo calificó, será también la economía donde se dé primero la recuperación y se extienda a México.

Es justo mencionar que las causas de la crisis no se encuentran en ninguna debilidad de nuestra economía, sino que responden fundamentalmente a presiones recesivas llegadas del exterior. Por ello, en gran medida la solución de la crisis tendrá que venir del exterior, aseveró. Sin embargo, dijo, esa situación no nos exime de buscar acciones más adecuadas para transitar de esta situación recesiva lo antes posible.

Además de los planes de estímulo anunciados por el gobierno federal en octubre y enero pasados, que comprenden estímulos por un monto equivalente a 1.8 por ciento del producto interno bruto, unos 180 mil millones de pesos, la administración actuará en los planos interno y externo en acciones para tratar de que haya un mayor crecimiento de la actividad productiva.

Internamente, anunció, el gobierno propondrá una iniciativa de reformas a la ley de obras públicas y adquisiciones y a la de la banca de desarrollo para que sea más oportuna y responda mejor a la coyuntura actual. En el caso de las obras y adquisiciones, anticipó que se busca un mejor balance entre las disposiciones para la ejecución del gasto público y que los recursos se ejerzan con oportunidad.

En el plano externo, anticipó que el gobierno mexicano va a abogar porque los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, amplíen los recursos disponibles para países como México, con economías que se han manejado con disciplina. La idea, añadió, es que se nos compense ante una contracción del financiamiento externo, que se ha contraído.

Con recursos de los fondos de infraestructura, de los organismos financieros internacionales y de la banca de desarrollo daremos ímpetu a la economía, afirmó el funcionario. Estimó que el ajuste en la actividad económica se dará en la primera mitad de este año y hacia el segundo semestre de 2009 habrá una recuperación más pareja, aunque algunos sectores, como la construcción y la vivienda experimentarán una mejora antes que otros.

Este jueves, Secretaría de Hacienda dio a conocer que no encontraba ninguna violación a las leyes mexicanas en el hecho de que el gobierno estadunidense detente 36 por ciento del capital de Citigroup, propietario de Banamex. La Ley de instituciones de crédito menciona, en su artículo 73, que ningún banco que opera en México puede tener entre sus accionistas a una autoridad extranjera. El argumento del gobierno mexicano es que la intervención de la administración estadunidense responde a una situación de emergencia, que está considerada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que tiene un carácter temporal.

Fue una decisión completamente independiente de nosotros, en la que buscamos la interpretación jurídicamente adecuada, aseveró Carstens cuando fue preguntado en una conferencia de prensa sobre las opiniones en el sentido de que el gobierno mexicano cedió a presiones para no aplicar las disposiciones de la Ley de instituciones de crédito.