Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, tenía bajo su mando cuatro grandes pandillas de Nuevo León que tejieron una red social para defender los intereses del cártel del Golfo en esa entidad y organizar narcomanifestaciones. Además, es uno de los responsables directos de la ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñones, en febrero pasado, revelan informes de inteligencia del gobierno federal.

Los documentos señalan que Nájera Talamantes es autor de varias amenazas que el crimen organizado ha lanzado contra el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, y al menos siete funcionarios públicos de esa entidad, entre ellos el secretario de Gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz; Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública, y el procurador general de Justicia, Luis Carlos Treviño Berchelman.

El Canicón fue detenido el pasado viernes en la ciudad de Saltillo, Coahuila, por efectivos del Ejército. Durante su presentación ante los medios de comunicación, en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, se informó que ha sido señalado como responsable de actividades de narcotráfico, tráfico de personas, robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos, piratería, homicidio, secuestro y extorsión en Nuevo León, bajo la línea directa de Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Ángel Treviño Morales, jefes máximos de lo que se conoce como el cártel de Los Zetas, una de las facciones en que se dividió el cártel del Golfo.

Se le responsabiliza de la muerte de seis agentes federales entre 2006 y 2008 y del atentado con granadas de mano contra el consulado de Estados Unidos en Monterrey, el 12 de octubre de 2008. Además, se le considera autor intelectual de la tortura y ejecución de nueve efectivos de la Séptima Zona Militar entre el 17 y el 22 de octubre de 2008 en el área conurbada de la ciudad de Monterrey.

En ese contexto, los informes estiman que Nájera Talamantes ha cooptado a 60 por ciento de los policías municipales y estatales de Nuevo León, y con ello ha establecido una red de distribución de droga y protección que opera libremente.

Los datos obtenidos aseveran que El Canicón fue designado por Lazcano Lazcano y Treviño Morales encargado de cobrar el derecho de piso en Coahuila y Nuevo León a narcomenudistas, secuestradores y polleros.

En ese contexto, “se calcula que los líderes de las pandillas que apoyan las actividades de El Canicón reciben un pago de alrededor de 200 mil pesos mensuales, mientras quienes participaron en las narcomanifestaciones de febrero pasado obtuvieron entre 200 y 500 pesos por cada protesta en demanda del retiro del Ejército de la lucha contra el crimen organizado”.

De acuerdo con los documentos, la red social que ha tejido esa organización del narcotráfico ya abarca por lo menos nueve municipios de Nuevo León y se ha ido extendiendo hacia la zona fronteriza de Tamaulipas con Estados Unidos.

Nájera Talamantes, según los reportes consultados, es experto en explosivos y se logró convertir en uno de los hombres más importantes de la organización delictiva antes mencionada, a grado tal que es uno de los responsables a escala nacional de grupos de sicarios que operan en el sur de México.