A pesar de la confrontación entre las cúpulas del PRI y del PAN, en el Senado ambos partidos buscan consenso en torno de la ley de extinción de dominio, a partir de que los legisladores del blanquiazul flexibilizaron su postura y aceptaron que se modifique la iniciativa presidencial.

El presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Jesús Murillo Karam, informó que presentaron una serie de observaciones al proyecto de Felipe Calderón, con el fin de que se agilicen los mecanismos para que el Estado pueda apropiarse de los bienes de la delincuencia organizada, pero poniendo a salvo los derechos de terceros inocentes.

De alcanzarse un acuerdo, el dictamen podría aprobarse en comisiones la semana próxima. Las negociaciones se habían interrumpido porque la bancada blanquiazul no aceptaba ningún cambio a la ley de extinción de dominio, propuesta por Calderón. Ayer, sin embargo, el senador Felipe González confirmó que discuten las adecuaciones necesarias, con el propósito de que no se vulneren los derechos fundamentales de los mexicanos, ya que el PAN en forma alguna pretende que para castigar a los malos se perjudique también a los buenos.

Murillo Karam, a su vez, explicó que las modificaciones que los priístas plantean van en el sentido de que se salvaguarden los derechos de aquellas personas que, por ejemplo, hubieran rentado un inmueble que se usó después para un ilícito sin que estuvieran enteradas.

Para ello propone salvaguardar los derechos de terceros inocentes, con un proceso que les permita defenderse correctamente cuando tengan razón. Asimismo, que se establezca como obligación del Ministerio Público probar la mala fe de terceros inocentes y que la posibilidad de iniciar una extinción de dominio implique la existencia del cuerpo del delito.

De otra manera, recalcó, bastaría con que alguien formulara una acusación para que se extinga el dominio sobre algún bien. Si se aceptan esas modificaciones, subrayó, creo que estaríamos del otro lado. Insistió en que su bancada ha probado con hechos su disposición a proporcionar al Ejecutivo las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar mejor al crimen organizado, pero sin que se instaure un Estado policiaco que no respete los derechos humanos.

Por separado, el senador Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, expresó que confían en que la próxima semana se podrá aprobar en comisiones dicha ley, con las observaciones de todos los partidos, con el fin de que sirva para golpear la estructura financiera del narco y de otros delincuentes, y de que no perjudique a ciudadanos inocentes.

Otra reforma pendiente, por la que Calderón y el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, han acusado al PRI de no colaborar en la estrategia de combate a la delincuencia organizada, es a la norma sobre narcomenudeo, pero sobre ésta aún no hay avance, ya que senadores priístas y perredistas no están de acuerdo en que se penalice el consumo de drogas, como propone la iniciativa presidencial.