De manera unánime, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) puso fin a la era de austeridad que estableció durante su mandato el ex jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, al derogar ayer la ley del ramo y expedir la de Gasto eficiente.

Bajo la lógica de que no se trata de no gastar, sino de gastar bien, según expuso el diputado de Nueva Alianza Xiuh Tenorio Artiga, la nueva norma permitirá la contratación de escoltas, uso de vehículos blindados y viajes al extranjero, hasta ahora restringidos a ciertos servidores públicos.

Sin embargo, los órganos autónomos no fueron tocados en este ordenamiento legal, a pesar de que los mismos legisladores han cuestionado no sólo los elevados sueldos que ahí se tienen, superiores a 100 mil pesos mensuales, sino también los excesos en que han incurrido algunos de esos órganos al otorgarse bonos o estímulos de productividad, porque cuentan con leyes propias.

Entre los cambios significativos en relación con la anterior normatividad destaca la autorización de que otros servidores públicos vinculados con la seguridad pública y la procuración de justicia, más allá de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la PGJDF, cuenten con escoltas y hagan uso de automóviles blindados, debido a que –según justificó el diputado José Luis Morúa Jasso– las condiciones de inseguridad y las amenazas de ciertos grupos por la toma de decisiones del gobierno hacen conveniente ofrecerles una protección adicional.

También se modificó el ordenamiento de sólo autorizar un viaje oficial anual al extranjero por dependencia. De esta disposición se exentó al jefe de Gobierno y se aumentó a dos el número, a cambio de que, en todos los casos, se remita a la Asamblea Legislativa un informe sobre la finalidad de los mismos, los gastos efectuados y los resultados obtenidos.

A las restricciones sobre el gasto de publicidad en televisión, radio y prensa del gobierno central se sumó la disposición de que cada mes deberá publicarse en los sitios de Internet de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades el número de contratos y convenios que se hayan generado, con la especificación de qué tipo de servicio se contrató, la temporalidad y el costo.

En cuanto al gasto de servicios de telefonía, fotocopias, viáticos, honorarios y equipo de telecomunicaciones, entre otros, los legisladores decidieron poner un hasta aquí a los servidores públicos que hacen uso de ellos para fines personales, ajenos a sus cargos, por lo que de incurrir en ello deberán rembolsar el doble de su costo sin menoscabo de las responsabilidades de los órdenes civil o penal.