a Cumbre de Líderes Progresistas, celebrada ayer en Viña del Mar, Chile, en la que participaron los dirigentes de Argentina, Brasil, Chile, España y Gran Bretaña, entre otros, así como el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, arrojó resultados ambiguos y ciertamente poco esperanzadores de cara a la reunión del Grupo de los 20 (G-20), que arranca el próximo 2 de abril en Londres, Inglaterra.

La reunión concluyó con la resolución de defender, en el próximo encuentro del grupo de países, la consigna de crear una nueva economía que permita que la prosperidad sea ampliamente compartida; con llamados a poner en marcha soluciones profundas y estructurales –según dijo el mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva–; con el reconocimiento de que es pertinente crear una regulación transfronteriza para los mercados financieros –en palabras de Gordon Brown, primer ministro británico–; con el rechazo a vivir en un mundo sin reglas y con señalamientos en torno a la importancia de que el Estado desempeñe un rol más activo en la economía, de acuerdo con Cristina Fernández, presidenta de Argentina. Tales propósitos, sin embargo, se conjugaron, entre otras cosas, con un rotundo rechazo a las políticas proteccionistas y con la intención manifiesta de concluir las negociaciones de la ronda de Doha, escenario por demás indeseable en un momento en el que, de acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), alrededor de mil millones en todo el mundo pasan hambre, y cuando es necesario, por ello, garantizar la soberanía alimentaria de las naciones, al contrario de lo que provoca el modelo de liberalización comercial agrícola impulsado por la Organización Mundial de Comercio.

Esta falta de definición, así como la exclusión de este tipo de reuniones de los países que han adoptado posturas contrarias y, particularmente, expresado críticas al espíritu capitalista –los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador–, constituyen elementos indicativos de una escasez de perspectivas ante los desafíos que plantea la difícil coyuntura económica internacional. No parece haber, ni siquiera por parte del ala progresista de los liderazgos mundiales, suficiente claridad sobre las transformaciones que se necesitan en los ámbitos de la política económica, y de la política a secas, a escala planetaria. En este contexto se inserta el anuncio hecho ayer mismo por Estados Unidos de que no levantará el embargo comercial que mantiene desde hace más de cuatro décadas en contra de Cuba, declaración que prefigura el mantenimiento por Washington de inercias que debieran ser abandonadas en la circunstancia actual: dicho bloqueo –es inevitable recordarlo– constituye un castigo inhumano, injusto e ilegal para el conjunto de la población cubana, es objeto de condena casi unánime en el ámbito internacional y, al día de hoy, resulta inconsecuente con los objetivos diplomáticos enunciados por el propio Barack Obama tras su llegada a la Casa Blanca.

En suma, la cumbre celebrada ayer en Viña del Mar confirma que la presente circunstancia económica no podrá superarse en la medida en que las decisiones sobre asuntos que afectan al conjunto de la población mundial sean tomadas por un puñado de naciones. Es necesario, por tanto, llevar las discusiones sobre la crisis global más allá del ámbito del G-20 y dar voz al conjunto de la comunidad internacional, empezando por los países más pobres, que son, a fin de cuentas, los que padecen de forma más aguda los efectos de los actuales descalabros económicos.