La resolución del tribunal colegiado que exoneró al ex presidente Luis Echeverría Álvarez de su responsabilidad por el genocidio del 2 de octubre de 1968 omitió los preceptos del derecho penal internacional, según el cual los altos mandos deben tener control sobre sus subordinados antes, durante y después de cualquier acontecimiento.

El entonces secretario de Gobernación debió actuar en algún momento para prevenir o detener la agresión contra los estudiantes, o después para castigar a los responsables, advirtió la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Debido a que nunca hizo nada, es clara su responsabilidad en el delito que se le imputa, aseguró Humberto Guerrero, responsable del área de incidencia de la CMDPDH. Subrayó que la resolución del quinto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito revela un manejo pobre de los estándares internacionales. Es ridículo decir que no existen pruebas.

Al respecto, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó el desdén y la falta de interés del gobierno de Felipe Calderón por esclarecer los hechos del pasado, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, así como la matanza de estudiantes de 1968 y 1971.

Subrayó que las demandas de verdad, justicia y reparación del daño siguen vigentes, por lo que las autoridades tienen que dar seguimiento a las denuncias existentes. De lo contrario, advirtió el activista, en México no habrá democracia mientras no se subsanen los crímenes con castigo.

Coincidió en que las evidencias de la responsabilidad de funcionarios son claras, pues respondieron a un patrón constante de violación de derechos humanos.

Para Humberto Guerrero el caso Echeverría es una nueva evidencia de que para obtener justicia en el país, no queda más que acudir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya se ventilan otras denuncias presentadas por organizaciones civiles.