El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) se perfilaba anoche para imponer una multa de 9.4 millones de pesos al Partido Verde Ecologista (PVEM), cuyos legisladores adquirieron de manera ilegal promocionales en Televisa y Televisión Azteca con recursos privados –propios– con fines electorales, lo que afectaba la equidad de la contienda.

Al cierre de la edición, al menos cinco consejeros habían avalado el dictamen presentado, que consideraba ilegal la conducta de los diputados del PVEM, que ni siquiera acreditaron haber presentado un informe, el cual después difundieron en radio y televisión.

Durante una larga sesión que comenzó a las 20 horas, la consejera electoral Macarita Elizondo fue la más elocuente en sostener que la adquisición de los promocionales con una presunta finalidad de rendir informes de labores en realidad se asociaba plenamente con el eje de la campaña del PVEM. Aunque externó algunas diferencias sobre los criterios legales en que se sustentaba el dictamen, dejó claro que la intencionalidad explícita de los legisladores era ganar simpatías con fines electorales, violando disposiciones constitucionales.

El proyecto de resolución presentado por el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, hacía hincapié en la sanción, a partir de considerar que los promocionales pagados por los legisladores del PVEM en Televisa y Televisión Azteca violaban la prohibición de contratar mensajes con fines electorales. En el proyecto se asumió que los espots podrían ubicarse como propaganda electoral y, por ello, incidían en la equidad de la contienda, al haberse contratado los mencionados promocionales, prohibidos por ley.

De acuerdo con los dictámenes presentados, las televisoras estaban exentas de responsabilidad, ya que habían vendido los espacios en el contexto de las excepciones legales, pues es permisible la contratación de espots para difundir informes de servidores públicos. No así en el caso del PVEM, por la ilegalidad de haber contratado fuera de las excepciones de la ley, al haber utilizado recursos privados, incorporar el logo del partido y las imágenes de legisladores para la difusión de informes.

Identificado con los argumentos del PVEM –partido que en su momento lo postuló al cargo–, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar fue quien cuestionó más intensamente el proyecto, al punto de pretender ridiculizar los fundamentos legales del dictamen. Afirma que un mensaje puede convertirse en propaganda político-electoral, no por su contenido, sino por el origen de sus recursos, desconociendo lo que establece el artículo 228, que establece de forma expresa que un informe de gestión no es propaganda.

En su oportunidad, el consejero presidente, Leonardo Valdés, salió en defensa del dictamen, enfatizando la ilegalidad que implicaba involucrar recursos privados para financiar la adquisición de los espots, a diferencia de lo que hubiera sucedido si se hubiera finiquitado con recursos públicos. Subrayó que en el expediente no obraba ningún documento que pudiera ser considerado un informe, ni se hace referencia –en las pruebas presentadas por el PVEM– a las fechas cuando se habrían presentado dichos informes.

Apuntalaron el aval al dictamen los consejeros Arturo Sánchez, Benito Nacif y Alfredo Figueroa, para quienes estaba clara la ilegalidad con que se había desempeñado el PVEM al adquirir espots con recursos privados y, de acuerdo con algunos de ellos, con sentido electoral. A su vez, Andrade, si bien estuvo en contra de que se sancionara a dicho partido, planteó la necesidad de que si se optaba por esta vía, se incluyera una instrucción expresa de impedir que esta práctica se reprodujera, a fin de incorporar un carácter preventivo a la resolución.

Aunque inicialmente fue mesurado en su defensa, al quedar claro el sentido de la votación, el senador del PVEM Arturo Escobar acusó a los consejeros de querer censurar la posibilidad de rendir informes de los legisladores. Para Escobar, el monto involucrado en la compra era un asunto menor, y justificó esta contratación en que carecían de recursos públicos para financiar estos promocionales, como lo tienen los funcionarios del Ejecutivo.

Sorpresivo fue también el aval del panista Roberto Gil, que con la misma vehemencia que el ecologista acusó a los consejeros de limitar los alcances de los funcionarios para rendir informes de gobierno, lo cual fue considerado sospechoso por el representante del PRD, Rafael Hernández.

A su vez, el representante del PSD, Miguel González Compeán, subrayó que el PVEM había pagado 207 espots, bajo un formato en que claramente no era un informe, sino que trataba de asociarse directamente con los lemas de campaña del partido.

Por otro lado, durante la sesión de anoche los consejeros acataron la resolución del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación de eliminar cualquier emblema partidista de los materiales utilizados para la capacitación de los funcionarios de casilla.

Sin embargo, de manera inusual, criticaron los alcances de la resolución, por las complicaciones que conllevará en la capacitación.