Este martes quedaría concluido el dictamen de la ley de extinción de dominio, tras varios ajustes técnicos, entre ellos la adecuación de las pruebas y dejar a salvo los derechos de terceros afectados, adelantó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González Alcocer.

En entrevista señaló que hasta el momento la referida ley contiene 66 capítulos, aún susceptibles de modificaciones, pues “hay algún otro artículo pendiente (de revisión) que se someterá a la consideración de los senadores.

Si estamos de acuerdo en la última parte que quedamos de redactar, es probable que quede listo la tarde de este martes, puntualizó.

De hecho el secretario de esa misma comisión, el perredista Tomás Torres, afirmó que el dictamen será votado esta semana en el pleno del Senado. La propuesta inicial del Ejecutivo federal, precisó, se modificó sustancialmente con las propuestas del PRD y del PRI.

Según Torres, la iniciativa del PRD sobre extinción de dominio se convirtió en el contexto de referencia para que el Estado mexicano arrebate las propiedades de la delincuencia organizada y rompa su estructura financiera, sin vulnerar el respeto a las garantías individuales.

Al respecto, el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, Felipe González González, señaló que el dictamen referido “va bien, y espero que todos sigamos adelante con el tema que nos queda pendiente: el del narcomenudeo”.

El panista hizo notar que una de las modificaciones pertinentes al dictamen es que no se afecte a un tercero de buena fe. En la iniciativa del Ejecutivo, dijo, el tercero de buena fe entraba en el mismo juicio de extinción de dominio, pero, con las modificaciones a cargo de los legisladores, no tiene que demostrar que es lícita la propiedad de su casa o de un vehículo automotor.

El presidente de la Comisión de Justicia detalló sobre ese punto que se eliminó tal parte, porque es casi imposible probar la buena fe, aspecto que representa un problema en casi todas las leyes de extinción de dominio. Nosotros lo que planteamos es que con la comprobación de la renta de bienes se acredita la buena fe.

Incluso comentó que, sin ser aún oficial, los legisladores del Distrito Federal también ajustarán en iguales términos la ley referida, pues marca que el interesado debe probar la buena fe.

La presión social

El también secretario de la Comisión de Gobernación, Felipe González, respondió a pregunta expresa que no fue la presión del presidente nacional del PAN, Germán Martínez, ni de ningún otro partido político lo que permitió concretar la citada ley.

Fue la presión de la sociedad, no la de partidos, lo que hizo posible este acuerdo entre las fuerzas políticas del país para sacar adelante la referida ley, agregó.

Incluso comentó que los senadores han recibo mensajes de la ciudadanía, vía correo electrónico o telefónico, reclamando la falta de acuerdo político en un tema central para el combate al narcotráfico. “Nos decían –refirió González–: ‘los mismos que votamos por ustedes vamos a votar este 5 de julio’”.

Por último, el perredista Tomás Torres Mercado refirió que la bancada del sol azteca ha procurado que la ley en esta materia se convierta en un instrumento eficaz que regule esta situación excepcional por la inseguridad, pero que también colme garantías de legalidad; que sea una herramienta y que no generemos un monstruo legal.