La Cámara de Diputados avaló ayer la reforma constitucional para que a partir de 2010 ningún funcionario público, a excepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gane más que el presidente de la República , en una decisión que pretende terminar con la discrecionalidad en la nómina del gobierno federal, de los estados, de los congresos y de los organismos autónomos.

Diputados de todos los partidos expresaron que con esto se busca poner un freno a los sueldos inmorales de secretarios de Estado, gobernadores, alcaldes y funcionarios de los entes autónomos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, aunque se mantienen intactos los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el dictamen establece que prevalecen sus derechos adquiridos.

La regulación define que los actuales ministros no podrán ser sujetos de la reforma, y ésta sólo se aplicaría conforme sean sustituidos. Desde la tribuna, y en diferentes tonos, los legisladores señalaron que el siguiente paso sería también regular el salario del jefe del Ejecutivo federal, e inclusive revisar también las pensiones que se otorgan a los ex presidentes de la República.

La reforma a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 constitucionales define que el gobierno federal y los gobiernos de los estados deberán integrar sus tabuladores y hacerlos públicos, punto que se agregó a la minuta del Senado, por lo que ésta se envió nuevamente a esa cámara para que la revise.

Respuesta al reclamo social

Al presentar el dictamen, que se aprobó por 365 votos a favor, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Raymundo Cárdenas, aseguró que con esta reforma se da respuesta al reclamo social de evitar el dispendio en los salarios de la alta burocracia, y busca un efecto en las autoridades que parecen preocupadas únicamente en lograr su beneficio y no el del pueblo.

En tribuna, el diputado priísta Alfredo Ríos Camarena afirmó que la reforma se trata de desagravio al pueblo frente a los salarios ignominiosos que ofenden a una nación empobrecida, y cuestionó que dentro de su independencia, los organismos autónomos empezaron paulatinamente a despacharse con la cuchara grande, a darse los grandes sueldos, mientras a millones de trabajadores mexicanos se les otorga un salario mínimo injusto, que sólo exhibe la impudicia de una miseria total.

Planteó que como a los ministros de la Corte no se les toca su sueldo, ellos mismos debían reducir sus salarios por iniciativa propia. Se los pido con respeto, pero sabiendo que existe un consenso nacional de que no podemos seguir con estas graves desigualdades salariales, expuso.

El secretario de la mesa directiva y diputado por Convergencia, José Manuel del Río Virgen, convocó a la Cámara de Diputados a asumir su facultad establecida en la definición del Presupuesto de Egresos, para suprimir las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, que ofenden y agravian a los que menos tienen.

También consideró que está pendiente esclarecer los ingresos de los embajadores de México en el exterior, a quienes además de sus salarios, dijo, se les paga vivienda, transporte, comidas y actos de protocolo, y exigió que las dependencias federales cancelen la entrega de ropa, teléfonos celulares, automóviles con aire acondicionado y oficinas de lujo a sus funcionarios.

A su vez, la diputada Mercedes Maciel Ruiz, del PT, consideró inconcebible que en un país con más de 40 millones de habitantes en pobreza extrema, el gobierno destine un alto porcentaje del gasto a los salarios, y que éstos se otorguen con un criterio netamente empresarial.

El legislador perredista Mario Enrique del Toro denunció en la tribuna que en el trabajo en la Comisión de la Función Pública, el PAN buscó definir que los salarios serían irreducibles hasta en 20 por ciento en tiempos de crisis, lo cual no corresponde al sentido de la reforma, y lamentó que la autonomía de los ayuntamientos les permitirá asignarse salarios equivalentes al del Presidente. Si ese es el tope, lo que gane un regidor seguirá siendo excesivo, escandaloso, humillante y ofensivo para el pueblo de México, afirmó.