Envía el Ejecutivo iniciativa para castigar a profesionistas que incurren en esa práctica
Miércoles 1º de abril de 2009, p. 12
La Cámara de Diputados recibió ayer una iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación y a la Ley del Impuesto sobre la renta (ISR), enviada por el presidente Felipe Calderón, para imputar el delito de contrabando o defraudación fiscal a los abogados, agentes aduanales o de cualquier otra profesión que ayuden a contribuyentes a eludir el pago de impuestos.
También el Ejecutivo propuso gravar los fondos de previsión social de las sociedades cooperativas que no comprueben que los recursos entregados a trabajadores se destinen para ese fin, así como aplicar el ISR a los ingresos por concepto de alimentos que se les asignen dentro de su salario.
En una larga sesión, el pleno aprobó un paquete de dictámenes, entre ellos una reforma a la Ley del Mercado de Valores, para obligar a las empresas que cotizan en la bolsa a presentar reportes periódicos sobre sus instrumentos financieros derivados, así como de posibles contingencias, con objeto de que el público inversionista pueda hacer una correcta valoración del riesgo de los valores que adquieran.
Asimismo, se aprobó un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Parlamentarios, con reforma a la Ley de Asistencia Social, para hacer sujetos preferentes de la asistencia social a las niñas y adolescentes con embarazo producto de una violación, y que no cuenten con apoyo familiar o estén en riesgo de violencia o abuso sexual.
El dictamen, votado con 327 votos a favor, adiciona un inciso a la fracción 1 del artículo 4 de la citada ley, que alerta que el abuso sexual a niñas y niños es una agresión reiterada y oculta que, si bien se comete generalmente sin violencia física, se ejerce de manera sicológica a través de amenazas de agresión o muerte a un familiar.
Además, se aprobó por 302 votos a favor, tres en contra y una abstención una reforma a las leyes sobre el Contrato de Seguro y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que amplía de dos a cinco años la prescripción de las pólizas de seguro y obliga a las aseguradoras a agotar el seguimiento de los beneficiarios y pagarles.