l martes pasado el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció en Londres que pediría al Fondo Monetario Internacional un crédito por entre 30 y 40 mil millones de dólares. Un día después –ayer– ese organismo internacional anunció, por boca de su director, Dominique Strauss-Kahn, que la línea de crédito flexible solicitada es por 47 mil millones, ofreció gestionar su rápida aprobación y coincidió con el gobernante mexicano en que el préstamo está destinado a alentar la confianza. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (BdeM) aseguraron que el crédito no está sujeto a condicionalidad alguna en materia de política económica, pues su disponibilidad se basa en un proceso de precalificación riguroso respecto de la solidez de las políticas fiscales, financieras y monetarias del país.

Aunque ambas dependencias empiezan el boletín afirmando que el propósito de la contratación es apoyar el empleo, el acceso de las empresas y hogares al crédito, la estabilidad económica y el crecimiento, párrafos después afirman que las autoridades financieras no tienen la intención de utilizar dichos recursos y que el financiamiento bajo esta línea de crédito podrá ser usado a discreción de las autoridades mexicanas, ya sea en su totalidad en una sola exhibición o bien en varios desembolsos, en caso de que llegara a necesitarse. Advierten, asimismo, que la contratación del préstamo se realiza con fundamento en disposiciones contenidas en la Ley del Banco de México y que, en virtud de que dicho financiamiento tiene como propósito el cumplimiento de los objetivos del BdeM, de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables no computará para los montos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación.

La intención explícita de las autoridades financieras consiste en sumar esos 47 mil millones a los 80 mil millones de las reservas internacionales y a otros 30 mil millones puestos a disposición de México por la Reserva Federal estadunidense para conformar un blindaje ante posibles contingencias derivadas de la crisis económica mundial, según dijo Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México

Mientras dirigentes de las cúpulas empresariales celebraban la noticia, legisladores del PRI, del PRD y de Convergencia criticaron que se haya solicitado el préstamo a unos días de que el gobierno asegurara que las reservas de divisas del país bastaban para hacer frente a la coyuntura; cuestionaron por qué no se han empleado los fondos de fideicomisos y Afore para empezar a reactivar la economía y expresaron sus sospechas de que el cuantioso dinero ajeno vaya a usarse para alimentar a los especuladores que han provocado la más reciente devaluación de la moneda nacional.

Debe admitirse que los argumentos oficiales son débiles: hasta la fecha se ha invertido más de 20 mil millones de dólares de las reservas en intentos inútiles de apuntalar el tipo de cambio, y por ese camino el BdeM podría entregar a los intereses de la especulación una suma similar, o el doble, o el cuádruple, y no lograr nada. Por otra parte, resulta cuando menos cuestionable que, por medio de un vericueto legal, como es pedir el préstamo a nombre del Banco de México, se vulnere un principio constitucional que exige la autorización legislativa para la contratación de deuda pública.

Por lo demás, del propio comunicado de la SHCP-BdeM se desprende que es falso que la línea de crédito en trámite carezca de condicionamientos; ocurre, simplemente, que tales condicionamientos –el sometimiento a las recetas neoliberales del FMI– han sido cumplidos con antelación.

Por último, pero no menos importante, preocupa que, en un entorno de opacidad administrativa como el que impera en las oficinas del Ejecutivo federal, y ante la discrecionalidad con que el gobierno podrá hacer uso de los recursos solicitados, éstos se prodiguen en un gasto corriente a todas luces desproporcionado y hasta ofensivo, en actos de contratismo dilapidador de los que abundan en los gobiernos panistas, y que a la postre el país termine obligado a pagar una deuda mayúscula sin que ello se haya traducido en un beneficio para la población, es decir, justo como ocurrió con la crisis de endeudamiento de la década antepasada y con el turbio rescate bancario operado por medio del Fobaproa-IPAB.