uando no hay imaginación ni capacidad política para resolver los problemas se recurre a fórmulas que nada tienen que ver con su solución: campañas moralizadoras, funciones de simulación, leyes que agravan los problemas o acciones represivas en contra de aquellos que los padecen.
Desde hace décadas los mexicanos no conocemos fórmulas de solución real a los grandes problemas nacionales. Tampoco las comunidades y el grueso de las familias han experimentado mejora en sus condiciones de vida ni hoy abrigan esperanzas de que ello pueda ocurrir en un horizonte cercano. Al contrario.
En Monterrey aparecieron de repente unos grupos de jóvenes, mujeres y niños impidiendo el tráfico vehicular. Llevaban el rostro cubierto (quienes no lo llevamos empezamos a sentirnos desclasados) y demandaban que el Ejército se retirara de las calles a sus funciones institucionales. Iban en traza de acarreados y la prensa dejó saber que habían recibido un pago de 500 pesos por asistir a esas manifestaciones. Aunque hubo detenidos, no se llegó a saber con precisión quiénes habían sido los autores intelectuales. Se infería, por el tipo de demanda, que fueron individuos vinculados al crimen organizado.
Acto seguido, el candidato por el PRI al gobierno de Nuevo León en las elecciones de julio demandó una legislación para penalizar aquellas protestas callejeras que involucraran el impedimento total o parcial de la circulación automotriz. El gobernador y el Congreso se hicieron eco de tal demanda. Y se legisló en consecuencia a velocidad de the fastest gun. El nuevo artículo 177 bis 1 del Código Penal del Estado de Nuevo León reza así: Comete el delito de obstrucción de la vía pública quien, mediante actos de protesta o manifestación, ataque los derechos de tercero, impidiendo total o parcialmente el libre tránsito de vehículos automotores
. El PRI y el PAN votaron conjuntamente, acompañados por el Panal y el PRD; no así el PT. Cabe señalar que el candidato panista al gobierno del estado mostró su desacuerdo con la medida.
Otra Marcha por la Paz o manifestaciones semejantes a las realizadas el año pasado por Iluminemos México, ¿no serán ya posibles? Ninguno de sus organizadores en Monterrey, por cierto, declaró nada en contra de la nueva legislación penal. En fin, si los ciudadanos protestan o se manifiestan impidiendo el tránsito vehicular, así sea parcialmente, se convertirán en delincuentes. ¿Ocurriría lo mismo con peregrinaciones religiosas, ciertas fiestas paganas y competencias deportivas? No. Lo que se castiga es el ejercicio de libertades constitucionales de contenido político.
Los organizadores de Iluminemos y conexos y el sector social en torno suyo saben que algunas leyes no están destinadas a ellos. Son decididos defensores de la vigencia del estado de derecho sólo cuando su infracción les afecta particularmente a ellos (del Consejo de Hombres de Negocios para abajo). Y cuando no, pues no. Así se explica que la sustitución inconstitucional de los cuerpos de seguridad civil por el Ejército no sólo no se vea como un hecho contrario a la salud pública y a la democracia, sino que se lo haga objeto de exaltaciones. El señor Alejandro Martí, padre del joven Fernando Martí, secuestrado y asesinado en el verano de 2008, calificó –con bastante ligereza– de heroicas a las fuerzas armadas de México. Hay que recordarle al señor Martí que quien las comanda no es el general Ignacio Zaragoza ni luchan en defensa de la patria.
Así también se explica que nadie de ese sector haya dicho nada sobre las agresiones sistemáticas a la libertad de expresión desde la propia PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agresiones que han descubierto una veta en las radioemisoras comunitarias. Un ejemplo entre varios: la radio comunitaria del barrio conocido como Tierra y Libertad fue atacada, la víspera del Día de la Libertad de Prensa de 2008, por 120 agentes de la Policía Federal Preventiva. Tenía muchos años de funcionar en el perímetro vecinal de ese barrio. Pero el gobierno de Calderón, que ya ha reprimido a diversos movimientos sociales (Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas, Atenco), ahora la emprende contra esa radio. A Héctor Camero, uno de los líderes históricos del movimiento de colonos Tierra y Libertad, las autoridades judiciales lo convirtieron de testigo en indiciado, y sobre él pende la amenaza de hacerle pagar con 12 años de cárcel y 15 millones de pesos la osadía de atenerse a la Constitución. Habrá que estar alertas. E izar la bandera del derecho a la difusión como uno de los derechos fundamentales de la humanidad en el proceso concentrador de los medios de comunicación en manos de unos pocos empresarios poderosos y sus cómplices en el gobierno.
La inseguridad se redobla cuando la población no sabe dónde están los delincuentes. Un día después de la visita protocolaria de la secretaria de Estado estadunidense, Hillary R. Clinton, a Monterrey, un grupo de familias se plantó frente al palacio de gobierno para exigir la presentación de sus familiares desaparecidos a manos de policías.
No soy el primero en señalarlo. El espíritu de los artículos 145 y 145 bis, que sirvieron de fachada legal a la represión gubernamental contra los movimientos populares a lo largo de tres décadas (fueron derogados en 1970, a raíz del movimiento democrático que culminó dos años atrás en la masacre del 2 de octubre) ha sido rebobinado y es hoy una arma dirigida contra la sociedad que se organiza para defender los derechos que le son conculcados por el régimen.
