A tres años de los hechos de San Salvador Atenco es preocupante que no existan resultados eficientes para sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos y que las víctimas continúen a la espera de la atención y apoyo que la Constitución garantiza, señalaron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y mujeres que denunciaron que durante los operativos policiacos fueron abusadas sexualmente.

Cerca de que se cumplan tres años de que elementos policiacos vulneraron las garantías fundamentales de quienes se encontraban los días 3 y 4 de mayo en ese lugar, emitieron un pronunciamiento en el que subrayan que nadie haya sido aún señalado de manera oficial por abusos, lo que evidencia que el sistema de procuración de justicia en el país es ineficiente y hace prevalecer la impunidad.

Añadieron que aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se atrevió a señalar a los culpables policiacos y políticos, sí consideró que se incurrió en hechos violatorios a los derechos fundamentales, sin que hasta la fecha el Estado mexicano reconozca plenamente esa responsabilidad ni se apliquen sanciones.

Recordaron que diversos organismos, nacionales e internacionales han acreditado que durante aquellos operativos se presentaron delitos como el abuso sexual, torturas, homicidios y detenciones arbitrarias, entre otros.

Destacaron que al menos 26 de las 47 mujeres que fueron detenidas denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, fisica y verbal por los policías que las trasladaron al penal de Santiaguito, estado de México, y agrega que aunque la Procuraduría General de la República (PGR) inició de oficio las investigaciones, nadie ha sido consignado.

El centro Prodh y las víctimas de abusos sexuales insistieron que entre los responsables destacan el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el actual procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Recordaron que ante la ineficacia e indiferencia de las instituciones nacionales de procuración e impartición de justicia, en abril de 2008 las víctimas de tortura sexual acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –cuyos lineamientos México está obligado a cumplir–, a fin de que declare que el Estado violó derechos humanos como integridad física, libertad y seguridad personal, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, dignidad y privacidad.

Insistieron que al llevar el caso a la CIDH también buscan que se recomiende a las autoridades nacionales realizar una investigación seria, imparcial y eficaz, para sancionar a los responsables de tortura. La persistencia de las dificultades para acceder a la justicia y que las violaciones a derechos humanos no sean considerados con la prioridad que requieren hace necesario seguir buscando caminos que hagan posible la justicia.