San Cristóbal de las Casas, Chis. 5 de mayo. En condiciones inhumanas permanecen consignados, en espera de sentencia en el penal El Amate, Cintalapa, los ocho campesinos tzeltales aprehendidos en abril pasado por las policías del estado y Federal Preventiva, en una serie de operativos represivos y mediáticos a los que no han logrado poner un alto las consistentes denuncias y argumentaciones de las autoridades ejidales de San Sebastián Bachajón, de la junta de buen gobierno zapatista de Morelia y de la defensa legal.

A la intemperie durante el día, desde el sábado, y por la noches en un cuarto desnudo, donde las autoridades nunca les ofrecieron cobertor ni ninguna otra comodidad hasta que los familiares pudieron hacerles llegar cobijas, permanecen seis indígenas adherentes a la otra campaña, uno más base de apoyo del EZLN y otro vecino de la zona, en el municipio de Chilón, acusados por el gobierno de ser asaltantes.

El Poder Judicial en Chiapas actúa sometido a las decisiones del Ejecutivo, consideraron los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) tras informar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ejercitó acción penal contra los indígenas.

A la vez que emitió una acción urgente demandando solidaridad con los detenidos, el CDHFBC hizo notar que el gobierno de Juan José Sabines Guerrero incurre en graves violaciones a los derechos humanos a través de una política represiva, haciendo uso indiscriminado del sistema de procuración y administración de justicia como forma de gobernar, así como la fabricación de delitos, tal como hizo en su oportunidad la administración de Pablo Salazar Mendiguchía por conducto del ex fiscal Mariano Herrán Salvatti y sus jueces de consigna.

El CDHFBC tiene temor fundado de que el juez se subordine al Poder Ejecutivo del estado y dé continuidad a la represión del gobierno contra los integrantes de la otra campaña y el EZLN en la región de Agua Azul y Agua Clara.

De ser así, según confió a La Jornada el abogado Diego Cadena, son altas las probabilidades de que el juez determine que deben ser juzgados. Las declaraciones autoinculpatorias que considerará el juez deberán ser invalidadas, pues fueron obtenidas bajo coerción y sin repeto a los derechos de los detenidos.

Este domingo, el juez segundo de lo penal pretendió tomar la declaración preparatoria de los inculpados sin que estuvieran los abogados de su confianza. Según el CDHFBC, ante esta falta de garantías los detenidos se reservaron el derecho a declarar y solicitaron la duplicación del término constitucional de 72 horas, quedando en 144. El plazo vencerá el viernes 8, cuando el juez deberá decidir si les inicia juicio o les concede la libertad.

El pasado día primero los indígenas fueron consignados después de permanecer casi 20 días en la casa de arraigo Quinta Pitiquitos, en Chiapa de Corzo. El sábado fueron trasladados al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14, El Amate.

A pesar de la obstrucción y negación de información por parte de la PGJE, el CDHFBC ha denunciado que los indígenas recibieron golpes y ha recabado testimonios de actos de tortura y crueles, inhumanos o degradantes durante su aprehensión, traslado, arraigo y declaración ministerial.

El centro pudo constatar que en la averiguación previa 16/FECDO/2009-04, integrada por el agente del Ministerio Público José Alonso Hernández Vicente, de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, existen violaciones al debido proceso, siendo la más grave la falta de un traductor; los ocho detenidos fueron obligados a firmar documentos sin saber su contenido, los cuales resultaron ser declaraciones autoinculpatorios, sin obviar que siete de ellos declararon bajo tortura.

Este martes la defensa presentará una queja por obstrucción de la justicia ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.