La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por el asesinato del periodista Carlos Ortega Samper, corresponsal del diario El Tiempo de Durango. El organismo manifestó su indignación por este asesinato y exigió a las autoridades el esclarecimiento de lo ocurrido y castigo para los implicados.

La CNDH demandó además el cese de cualquier acción intimidatoria contra los periodistas, pues es contrario a la libertad de expresión y al derecho a la información que tiene la persona.

El organismo presidido por José Luis Soberanes informó que algunos visitadores están en Durango donde se han entrevistado con autoridades de la Procuraduría General de Justicia, con amigos y compañeros del periodista asesinado, así como con directivos de El Tiempo.

Además se recabaron las publicaciones que realizó Ortega previas a su deceso, con la intención de conocer el contexto general de ese atentado contra el derecho a la vida de la víctima y las circunstancias en las que ocurrió.

Señaló que hizo un llamado a las autoridades competentes para que las investigaciones sobre este homicidio sean profesionales y permitan llegar a la identificación, aprehensión y debida consignación penal de los agresores hasta lograrse sentencia firme conforme al orden jurídico en vigor.

La CNDH considera que el homicidio de un comunicador vulnera también un derecho fundamental de toda sociedad, como lo es el estar debidamente informada.

Resaltó que aun cuando los agravios contra Ortega Samper, y en general contra los periodistas, no provengan de servidores públicos, autoridades o representantes del Estado, comprometen a los gobiernos federal y de los estados a un oportuno y eficaz esfuerzo de investigación que impida la impunidad y el deterioro progresivo de la libertad de expresión.

El organismo informó que de 1991 a mayo de 2009 ha radicado 718 expedientes relacionados con violaciones a los derechos humanos de periodistas y comunicadores. De 2000 a 2009, ha registrado el homicidio de 49 periodistas y de 2005 a la fecha ha documentado la desaparición de siete. El número de expedientes iniciados por presuntas violaciones a los derechos humanos de los comunicadores muestra una preocupante tendencia al alza. El periodismo en nuestro país se ha convertido en una profesión de alto riesgo.