La Procuraduría General de la República inició una averiguación previa por desacato contra el titular de la Cámara de Diputados, ante la negativa a reinstalar en sus cargos y pagar sus salarios a tres trabajadores despedidos del Canal del Congreso en febrero de 2003, aun cuando hay una sentencia firme del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El presidente de la Cámara es Horacio Duarte Jáquez.

Ayer, los despedidos –Yolanda Cid González, subcoordinadora de control maestro; Luciano Lorenzo Hernández Alcántara, subcoordinador de servicios y mantenimiento, y José Francisco Rodríguez Cárdenas, subcoordinador de ingeniería del canal– presentaron los documentos en los que la Supbrocuraduría de Control Regional de la PGR envió, desde el 18 de febrero pasado, una comunicación a la tercera sala del tribunal, para conocer si la Cámara dio cumplimiento a la obligación de reinstalarlos.

Sin embargo, señalaron, no se les ha reintegrado a la plantilla del canal, porque existe una orden expresa del secretario general de la Cámara, Guillermo Haro, de no volver a admitir a trabajadores que hayan ganado sus demandas en Conciliación y Arbitraje.

Primero, el 2 de octubre de 2007, los tres trabajadores obtuvieron un laudo favorable por el primer tribunal colegiado en materia de trabajo, en el cual se requiere el pago y reinstalación, el cual quedó firme el 22 de enero de 2008.

Desde entonces, refirieron, infructuosamente pugnaron por su reinstalación, y el 1º de octubre de 2008 promovieron un juicio de garantías contra la omisión de ejecutar el laudo y se les concedió un amparo.

A raíz de ello, en acuerdos del 14 de enero y 23 de febrero pasados, el tribunal ordenó girar un oficio al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, para que inicie una averiguación previa por el probable delito de desacato contra el titular de la Cámara, que se radicó en la mesa número 5 de la Subdelegación de Procedimientos Especiales, bajo el expediente PGR/SPE-V/690/09-02.

En respuesta, el área jurídica de la Cámara interpuso un juicio de garantías ante el juzgado cuarto de distrito en materia de trabajo, con los expedientes 336/2009-IV y 490/2009-IV, que fueron sobreseídos el 24 de abril pasado. Sin embargo, hasta el momento la Cámara mantiene su negativa a reinstalarlos.