Tras diversas irregularidades detectadas en procesos de licitación y adquisición de bienes por el gobierno federal, en particular en la gestión de Vicente Fox, se decidió aprobar modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que combaten la corrupción y benefician a micro y pequeñas empresas del país.

Además se reducen los tiempos para que el gobierno federal ejerza con rapidez los recursos públicos de este año, en particular en situaciones de emergencia como la actual.

Afirmaron lo anterior, por separado, el presidente y el secretario de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, Benjamín González Roaro y Pablo Trejo, respectivamente.

En entrevista con La Jornada, Trejo, legislador perredista, comentó que son varias las modificaciones sobresalientes hechas a esa norma y a la Ley de Obras Públicas.

Unos de los aspectos más importantes es que se puso un contenido nacional, pues los productos que se adquieran por el Estado deben ser elaborados por las pequeñas y medianas empresas, afirmó.

Eliminan pagos diferidos

Además, se eliminó el sistema de pagos diferidos en los proyectos de obra pública, como el usado por Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante los Pidiregas, los cuales han representado una pesada carga financiera, abundó.

Ahora, en lugar de permitir a los particulares el usufructo de las obras hasta recuperar el costo de inversión más los intereses, se les pagará con deuda y el control de ésta lo tendrá la Cámara de Diputados, la cual publicitará el pago de intereses, con el fin de que todo mundo sepa cuánto se está erogando.

Asimismo, para evitar la discrecionalidad o los actos de corrupción en la asignación de un contrato, Trejo dijo que se promoverá la participación de testigos sociales en las obras y adquisiciones de gran tamaño, quienes se caracterizarán por ser profesionales del ramo respectivo y seguirán paso a paso todo el proceso.

Incluso, con la participación de uno de esos testigos se harán adquisiciones en forma directa, lo que agilizará los procesos de licitaciones y contrataciones.

De hecho, en casos de emergencia, como la actual provocada por el virus de la influenza, las dependencias sanitarias pueden adquirir en forma inmediata el material necesario.

Así, dijo el panista González Roaro, el gobierno federal podrá ejercer con mayor rapidez los recursos públicos aprobados este año para solventar la difícil situación económica y sanitaria del país.

La nueva legislación, ilustró, reduce en casi dos tercios los tiempos para cumplir con los procedimiento de licitación. Por ejemplo, en el caso de una obra pública se pasa de seis meses a dos y medio, lo cual permitirá generar más empleos a corto plazo.

También, en un solo acto, las casi 250 dependencias y entidades federales podrán emitir las convocatorias y bases de los concursos para la adquisición de bienes y servicios, y la contratación de obra pública.

Ambos señalaron que todas las convocatorias y las bases de los concursos se harán públicas en el sistema electrónico Compranet, gratuito al público.

Además se reformó el Código Penal Federal para endurecer las condenas a los servidores públicos que cometan desviaciones. Así, pasan de tres meses a 12 años la inhabilitación o la pena corporal, según el caso, y se elevan las multas.

Sin embargo, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos dice que si un funcionario tomó una decisión entre dos opciones igualmente legales, y la que eligió resultó no ser la más conveniente, no se le puede sancionar, porque se apegó a la normatividad.