Aun cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y un ciudadano interpusieron denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la Procuraduría General de la República (PGR), por el incumplimiento –desde 2007– en la entrega de la versión pública de una averiguación interpuesta contra Elba Esther Gordillo, la SFP respondió que realiza las investigaciones conducentes, pero confirmó la clasificación de la pesquisa respectiva.

Al interesado, la SFP –garante del acceso a la información– le indicó que en cuanto se emita el acuerdo que en derecho proceda, se hará de su conocimiento, sin que esto signifique que se le deba informar de cada una de las diligencias y actuaciones que realice esta autoridad dentro del expediente de mérito.

Se trata de la averiguación previa 40/DAFMS/2002, sobre la cual la PGR dictaminó el no ejercicio de la acción penal contra la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

De hecho, la PGR respondió al solicitante del recurso 1217/08, Guillermo Estrada, que no le entregaría la versión pública de la pesquisa –como tampoco lo hizo a La Jornada, desde 2007–, porque precisamente la resolución del IFAI que favoreció a este diario (2430/07) fue impugnada por el Ministerio Público Federal ante tribunales judiciales, en enero de 2008, y está sub judice.

Desde octubre de 2007, el IFAI había ordenado a la PGR entregar a este diario el dictamen del no ejercicio de la acción penal contra Gordillo. Sin embargo, una vez concluido el plazo de entrega, esa procuraduría presentó demanda de nulidad ante el H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la que impugna la resolución emitida y suscrita por los integrantes del pleno del IFAI.

Cabe destacar que en 2007, el IFAI se pronunció tres veces (expedientes 1558/07, 488/07 y 2210/05) a favor de la entrega de esa indagatoria; más aún porque el caso ya fue cerrado. Para entonces, el Código Federal de Procedimientos Penales –recientemente modificado en su artículo 16, para evitar la entrega de las averiguaciones terminadas– señalaban que es pública la indagatoria concluida. Ese derecho aún lo preserva la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) que, de acuerdo con los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo, está por encima del código de referencia. No obstante, la PGR ha utilizado todo tipo de estrategias para no cumplir la LFTAIP.

La SFP recibió la denuncia del comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero, en octubre de 2008, por incumplimiento de la resolución de ese instituto, consigna aquella entidad en su oficio DG/DGAV/311/232/2009, así como la queja de Estrada, interpuesta en el órgano interno de control dependiente de la PGR.