Puebla, Pue., 16 de mayo. La primera caravana por la defensa de la tierra y el agua de los estados de Puebla y Tlaxcala, que se realizó este sábado, congregó a unos 30 mil habitantes de más de 40 poblaciones, colonias y rancherías de esta zona interestatal, los cuales expresaron ¡ya basta! a los proyectos carreteros del gobierno de Mario Marín Torres.

La administración estatal poblana está trazando los arcos carreteros norte, oriente y surponiente de la ciudad, con el argumento de que servirán para evitar el cruce del transporte por esta metrópoli y trasladar los productos con mayor rapidez a la ciudad de México, a Veracruz y otros destinos, dijeron.

Según los manifestantes, el gobierno se ha negado a mostrar los planos de esas vialidades y los contratos de los arcos norte y oriente, que fueron entregados directamente al consorcio español Obrascón-Huarte-Laín. La inversión en esas obras es superior a 2 mil millones de pesos.

Los labriegos consideran que se trata de proyectos que además de despojarlos de sus tierras –particulares les han ofrecido comprarlas en 10 pesos por metros cuadrado– facilitarán la llegada de especuladores, de industrias que no contratarán a los campesinos y degradarán aún más los recursos naturales de la región, principalmente el agua.

Pagan más por un refresco

¡Está más cara una coca-cola o una caguama que la tierra que nos da de comer!, fue una de las consignas lanzadas por los ejidatarios y comuneros.

De las 12 comunidades en las que la caravana hizo actos masivos, el más emotivo fue en San Andrés Azumiatla, que se encuentra a menos de 10 kilómetros del recién remodelado centro histórico de la ciudad de Puebla, donde los campesinos exigieron la liberación inmediata de sus 17 compañeros presos en el penal de San Miguel.

Esos hombres y mujeres, entre ellas una embarazada y otra amantando a un infante y con un discapacitado mental, fueron capturados y golpeados durante la irrupción de la policía estatal, el 25 de abril pasado; la madrugada de ese día, los gendarmes rescataron a cuatro topógrafos que trazaban una nueva vialidad en terrenos de Azumiatla.

Posteriormente, los labriegos de ese lugar señalaron que fueron víctimas de una trampa de la administración estatal para permitir la construcción de la carretera la cual será el detonante de nuevos despojos de predios ejidales así como de la edificación de fraccionamientos residenciales, por lo que también manifestaron su oposición a este proyecto, dijeron.