allido o no, el Estado mexicano parece bastante confuso. Esta condición se advierte de modo cada vez más grande. La situación general del país se agrava y no va a mejorar rápidamente, la degradación del entorno político y económico va a ser muy costosa y es necesario reducir inteligentemente la fragilidad prevaleciente.
La epidemia del virus H1N1 puso en evidencia una reacción del gobierno y de la sociedad que aún tiene varios elementos difusos. La manera en que se administró inicialmente el brote de influenza creó confusión y, sobre todo, mucho miedo entre la gente. El llamado a recogernos en casa y cancelar el trabajo en escuelas y centros de trabajo se hizo en ese ambiente de inseguridad, falta de información y manejada sin suficiente claridad, por ejemplo, en el número cambiante de fallecimientos.
Hay una cuestión que hasta ahora en que el efecto del virus se ha extendido por muchas partes del mundo, queda abierta al debate: ¿por qué aquí han muerto muchas más personas que en ningún otro lugar? La explicación que dieron el secretario de Salud y otros funcionarios es que la gente no acude con presteza a los centros de atención.
Ese asunto es muy llamativo. Si eso ocurre puede ser por causas como falta de educación sanitaria, por una costumbre arraigada sobre cómo atenderse dolencias de ese tipo, por las condiciones en que se prestan los servicios públicos de salud, por falta de instalaciones de investigación, dotación de antivirales y el desmantelamiento de políticas para prevenir y combatir las epidemias.
Puede ser porque el sistema de salud pública está en un estado deplorable en términos del deterioro social de una parte muy grande de la sociedad. Esto último cuestiona de modo amplio la política pública de salud y en buena medida la exhibe en cuanto a las obligaciones del Estado con la población.
Pero las cosas se extienden a una forma de manejar la situación de alerta que muestra adicionalmente la actitud gubernamental. La relación, al parecer inexistente entre el consumo de carne de puerco y la propagación del virus H1N1, ha llevado a usar formas convencionales de populismo y demagogia, con secretarios de Estado comiendo gustosamente carnitas de puerco para tomarse las fotos. Es como si Obama saliera de la Casa Blanca en taxi hacia el distribuidor más cercano de General Motors a comprar –a crédito, por supuesto– un último modelo de Chevrolet.
La respuesta del gobierno no ha sido consistente y, según los expertos, en unos meses puede darse otro brote más fuerte del virus en cuestión. En el campo de la salud la debilidad de las políticas públicas es tan grande como en el caso de la energía, la seguridad pública y de modo más amplio en el de la gestión de la economía.
Que el Estado está bastante confuso se muestra en que en plena atención del efecto todavía existente de la epidemia, un grupo de los Zetas saca del penal de Cienaguillas en Zacatecas a 53 presos asociados con el narcotráfico. Éste es otro boquete por el que hace agua el barco estatal y se añade al caos reinante.
El secretario de Hacienda dice un día que la economía está en profunda recesión luego de dos trimestres de crecimiento negativo, 1.6 por ciento en el cuarto periodo de 2008 y un estimado de 7 en el primero de este año. El gobierno mantiene una estimación de aumento del PIB de 4.1 por ciento, mientras casi todos los demás estiman una caída cercana a 6 por ciento.
Otro día señala en Washington que ya pasamos la peor parte de la crisis, al igual –dijo– que en Estado Unidos. Pero ésta es una apreciación todavía muy arriesgada que pocos mantienen en aquel país o aquí mismo. Los que ahora suelen llamarse brotes verdes, es decir, indicadores de que se frena el deterioro de las variables económicas es, sin duda, un tema muy controvertido en todas partes.
En lugar de observaciones aún vagas, el gobierno debería revisar de modo profundo su análisis de esta crisis mundial, de sus manifestaciones y formas de interrelación, así como de la manera en que se transmite a la economía mexicana.
No hay ningún indicio claro de que a partir de esa consideración insuficiente y atada a modos de gestión de la política económica que no se corresponden con la situación que existe se va a frenar el deterioro. Los programas anunciados en este entorno no han mostrado la eficacia a la que apuntaban. Hay proyectos de inversión pública detenidos y una debilidad del sector de las empresas, sobre todo, pero no únicamente, las más pequeñas.
Aún faltan cierres de plantas en el sector automotriz y electrónico con un efecto en cascada, la reducción de la entrada de divisas por turismo, remesas y petróleo, y ya empiezan a darse los efectos adversos de la expansión de la deuda en el sector inmobiliario y bancario. Esto exigirá la intervención activa y oportuna del gobierno que enfrentará una mayor restricción fiscal en 2010.
Mantener la política monetaria y fiscal que favorece una estabilidad financiera cada vez más precaria, ya no puede ser la respuesta privilegiada de este gobierno. Los márgenes de maniobra se acortan con el Ejecutivo, y el Legislativo es un estado muy confuso.