n un hecho sin precedentes desde 1695, el presidente de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, Michael Martin, se vio obligado a renunciar al cargo en forma anticipada debido a un escándalo por los gastos excesivos e injustificados de los integrantes de esa instancia legislativa, erogaciones que se encuentran bajo su administración. Aunque no se le acusó de haberse beneficiado de esos derroches, es claro que en el veterano político laborista recae la responsabilidad del descontrol, sobre todo si se toma en cuenta que se opuso a transparentar los manejos de los fondos referidos y pretendió evitar la difusión de las irregularidades.

El episodio denota la forma poco escrupulosa en que se lleva a cabo la administración de instituciones que, como las inglesas, se presentan a sí mismas como modelo para el mundo, y hace ver que el Estado británico no tiene muchos motivos para el orgullo en materia de honestidad, probidad y transparencia. Pero también es cierto que, ante las evidencias de los malos manejos, dadas a conocer por The Daily Telegraph, se han aplicado los correctivos necesarios: en días pasados, en el contexto del escándalo por las irregularidades referidas, fue separado de su puesto el viceministro de Justicia, Shahid Malik, quien se hizo pagar cantidades escandalosas por concepto de ayuda para alquiler, en tanto que un legislador laborista y un asesor legislativo de la bancada opositora debieron presentar sus respectivas dimisiones.

Mucho más grave y desolador es el caso italiano, en el cual Silvio Berlusconi se mantiene firme en la primera magistratura, a pesar de las evidencias de su actividad delictiva. En efecto, ayer, un tribunal de Milán confirmó que el gobernante sobornó con poco menos de 600 mil dólares al abogado inglés David Mills para que éste rindiera falso testimonio en procesos legales que se realizaban contra Berlusconi: el empresario metido en la política había repartido dinero a funcionarios del Ministerio de Finanzas para obtener un trato fiscal especial para su consorcio Fininvest y había trasegado ilegalmente fondos de una empresa fantasma, All Iberian, para financiar bajo la mesa a varios partidos políticos, en la lógica de un intercambio de favores con el poder público para conseguir el monopolio de la televisión italiana. Con el silencio comprado de Mills, Berlusconi consiguió impunidad en esos juicios.

La situación legal del gobernante ha sido tan precaria que el año pasado, en una sesión vergonzosa, Il Cavaliere, como se le conoce, sometió al Legislativo –dominado por los partidos de Berlusconi– para que aprobara una ley que otorga inmunidad –e impunidad, por consiguiente– a los cuatro más altos cargos del Estado, entre ellos el primer ministro. Gracias a esa aberración jurídica, el abogado Mills fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero su corruptor permanecerá al frente del Ejecutivo italiano, y no es seguro que el Tribunal Constitucional se decida a revocar la llamada ley Alfano y permita que el empresario y político que controla Italia sea sometido a un proceso legal.

Por si algo faltara para dar una idea del calado de la corrupción en la Unión Europea, el panorama político español se ve sacudido por lo que se ha denominado la trama valenciana, que involucra a altos dirigentes del derechista Partido Popular (PP) en los manejos sucios del empresario Francisco Correa, y por el caso Gürtel, una historia de turbiedades con contratos de obra pública.

Los ejemplos mencionados son indicativos de que, en materia de corrupción y opacidad administrativa, Europa occidental no es un oasis y que la prédica de transparencia y probidad que los gobernantes europeos emiten hacia otros países –especialmente los de naciones pobres, como el nuestro– es, en buena medida, mera muestra de doble moral.

La ventaja de Europa en esta materia es que, salvo por la impunidad que Berlusconi se ha regalado a sí mismo en una escandalosa distorsión del ejercicio del poder público, los presuntos responsables de turbiedades deben asumir las consecuencias. Es inocultable el contraste con lo ocurrido en México en más de ocho años de gobiernos panistas, los cuales no han presentado ante los tribunales a ninguno de sus altos funcionarios señalados, a veces con pruebas sólidas, de dispendios, desvíos y malversaciones de recursos.