Alfonso Suárez del Real, presidente de la Comisión de Cultura y secretario de la de Defensa Nacional en la Cámara de Diputados, consideró que el gobierno mexicano, en la administración de Felipe Calderón, se ha negado a suscribir la Convención internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios, porque el mandatario panista es el principal promotor de la contratación de servicios de seguridad privada, formada por ex militares extranjeros.

Calderón abre las puertas para que compañías militares privadas operen en el país. Viola la soberanía nacional, pone en riesgo la seguridad y al Ejército Mexicano, y con el pretexto del combate al crimen organizado permite la conformación de grupos paramilitares con la anuencia y protección de la administración pública federal, expuso.

Para el legislador perredista la postura del gobierno panista es una prueba más de la incapacidad y vulnerabilidad de la administración federal que no puede cumplir con una de las garantías fundamentales que cualquier gobierno debe proveer a sus ciudadanos, renunciando a una de las prerrogativas esenciales de cualquier Estado: el monopolio legítimo de la violencia.

En México, según los datos proporcionados por el propio gobierno federal, existen 2 mil 20 empresas privadas, 475 con autorización federal y otras mil 545 con autorización de los gobiernos locales. Su fuerza operativa total alcanza los 21 mil 525 elementos.

Tal fuerza privada, armada y entrenada, corresponde a 10 por ciento del Ejército Mexicano y  más de 50 por ciento de la Policía Federal Preventiva.

Resulta sumamente claro, ante tan alarmante realidad, las razones por las cuales el gobierno mexicano no ha suscrito la mencionada convención, promovida por la Organización de Naciones Unidas.