En un caso inédito en la historia de la justicia mexicana, una juez federal ordenó el arresto por 36 horas del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, por no acatar un ordenamiento judicial dentro de un litigio que puede concluir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la finalidad de que ésta determine si procede la destitución del funcionario y su consignación ante un juez de procesos por presunto desacato a una sentencia.

El fallo del juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales, con sede en Monterrey, Nuevo León, que consta en un acuerdo de la causa penal 145/2006, en poder de La Jornada, obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a hacer cumplir la medida de apremio contra el fiscal general de la nación.

La decisión de la juez Rosa María Cortés deriva de un litigio en el que la justicia federal resolvió, en 2007, que Medina Mora debe devolver cheques por 5 millones 877 mil 535 dólares a Luis Esteban García Villalón, ex funcionario de la PGR que fue detenido en mayo de 1990 por sus presuntos vínculos con el capo de la droga Juan García Ábrego, pero fue absuelto de todos los cargos en su contra en 2000.

A partir de su liberación, hace una década, García Villalón inició un proceso legal, que continúa hasta la fecha, con el propósito de recuperar 21 cheques que endosó a nombre del entonces procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga.

Desde el pasado 11 de marzo, Medina Mora solicitó un amparo contra el arresto judicial emitido dos días antes de ese mes, por lo que un juez federal de la ciudad de México le concedió una suspensión definitiva que impide a la Sedena arrestarlo, hasta que se determine si la medida de la juez Cortés es constitucional.

El litigio por la devolución del dinero llegó a la SCJN en febrero de 2008, cuando Medina Mora solicitó a los ministros que ejercieran su facultad de atracción por falta de confianza en los tres magistrados federales que integran el primer tribunal colegiado de Nuevo León, quienes en 2007 ordenaron la devolución de los cheques a García Villalón, para que éste, a su vez, los haga llegar a sus legítimos propietarios.

Los cinco ministros de la primera sala conocieron también de un amparo en el que el actual procurador impugnaba la devolución de los 21 pagarés.

En agosto pasado, los cinco ministros que integran la primera sala resolvieron que la PGR debe limitarse a la entrega material de los cheques sin su endoso y, sólo en caso de que esos hubieran sido cobrados, entregar el equivalente en numerario.

Asimismo, la Suprema Corte indicó en su sentencia que el objeto del amparo meramente fue lograr la devolución de los cheques que fueron dados en resguardo en la causa penal instaurada en contra del quejoso.

Tras resolver, la Corte regresó el expediente del caso al primer tribunal colegiado de Monterrey y al juzgado de la causa original para que Medina Mora diera cumplimiento a la sentencia, lo que no ha ocurrido.

Esto provocó que el pasado 9 de marzo se emitiera la orden de arresto por 36 horas contra el funcionario federal, quien de mantener su postura de desacato judicial obligará a que el juez federal de primera instancia en Monterrey envíe un incidente de inejecución de sentencia la Suprema Corte.

En ese contexto, el máximo tribunal determinaría si el incumplimiento de la entrega de los cheques es excusable o no, de lo cual dependería la posible destitución inmediata de Medina Mora y su consignación ante un juez federal para que sea procesado penalmente por el delito de abuso de autoridad derivado de un desacato judicial.