Al denunciar las tropelías y agresiones cometidas por presuntos evangélicos en la comunidad tzotzil de Mitzitón, en el municipio San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los representantes ejidales y comunales desnudaron, no un problema religoso (que ha servido de fachada), sino maniobras gubernamentales para imponer el paso de la multianunciada autopista a Palenque por sus tierras.

Los representantes ejidales denuncian acciones de un grupo de miembros de la Iglesia denominada Alas de Águila, en complicidad con el jefe de residencia de la Procuraduría Agraria de San Cristóbal, Rufino Rosales Suárez. Los problemas iniciaron el 16 de abril, cuando Carmen Díaz López, Pablo Díaz López y Antonio Gómez Hernández invadieron terrenos de uso comunal sin autorización de la asamblea. Díaz López no vive en Mitzitón, sino en la comunidad Nuevo Jardín, municipio de Teopisca, donde es pastor. Tiene muchos años provocando, y fue expulsado del ejido por ilícitos que cometió con tráfico de indocumentados, recuerdan los ejidatarios.

Hace más de ocho años se notificaron a las autoridades los delitos de estas personas, sin efecto alguno. Ahora, la asamblea informa al mal gobierno que acordó retirar los postes y alambrados de los invasores, así como los que pusieron en la parcela escolar. Les pedimos que dejen de crear conflictos con los ejidatarios de Flores Magón y su anexo Mitzitón. Hemos tomado el acuerdo de sembrar árboles en esta área de uso común.

Y destacan: “Curiosamente, el área que invadieron se encuentra dentro de la superficie amenazada con el paso de la autopista (La Jornada, 21 de abril). Además que ni siquiera son ejidatarios reconocidos, únicamente invasores”.

Los ejidatarios denuncian que los invasores han estado tumbando árboles en el ejido, mientras Miguel y Roberto Heredia de la Cruz son responsables de robo con violencia de 130 bultos de abono orgánico del centro del ejido.

Cumpliendo con su cometido no confeso, los invasores han roto todas las minutas de acuerdo: Nosotros como autoridades del pueblo, hemos respetado el diálogo pero los que no respetan son el mal gobierno, los pastores y su gente; son ellos los que provocan y violan los acuerdos. En un acta de asamblea del 19 de junio de 2008, donde supuestamente se aceptaron 42 posesionarios, fueron falsificadas 116 firmas por la Procuraduría Agraria; hasta 8 muertos y 2 encarcelados firmaron, además nunca se informó del contenido del acta a la asamblea. Aquellos acuerdos fueron impuestos bajo amenazas y engaños a las pasadas autoridades de la comunidad.

Hemos demostrado disposición a tener acuerdo con nuestros compañeros campesinos indígenas, exponen los afectados. El 17 de mayo se presentaron dos evangélicos en la asamblea para pedir su participación en el ejido, aceptando la cooperación del pueblo, las asambleas, los trabajos comunales, y fueron aprobados, quedando como ejidatarios, registrados en el libro del pueblo.

Los ilícitos de Díaz López datan de 1999, y a la fecha tiene su grupo organizado de delincuentes. Durante diez años las autoridades han ofrecido nulos resultados en la investigación de estas personas. Estuvimos dispuestos al diálogo, hemos firmado acuerdos, pero vemos que no hay respeto de los funcionarios hacia nuestra comunidad. No vamos a permitir la división de nuestro ejido, ni el despojo de nuestras tierras, ni caeremos en provocaciones, advierten los ejidatarios.

Por último, exigen “la libertad inmediata de los siete compañeros presos políticos adherentes a la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón”, así como del maestro Alberto Patishtán Gómez, de La Voz de Amate, preso hace ocho años y 10 meses.