Al iniciar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la discusión sobre cuatro amparos presentados por 41 indígenas que fueron sentenciados por la matanza de Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, trascendió que en los proyectos de resolución se propone la libertad absoluta de 14 de los acusados, porque no se acreditó plenamente su responsabilidad en los hechos, mientras que en los otros 27 casos se ordena un amparo para efectos, para que el juez de la causa valore pruebas que no tomó en cuenta al emitir su resolución.

Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y explicaron que los cuatro amparos serán analizados en sesión previa por los ministros el próximo miércoles, con el objetivo de resolverlos a más tardar en dos semanas más. Los cuatro recursos fueron presentados en distintos momentos, pero todos tienen que ver con lo mismo: el asesinato de 45 indígenas tzotziles (21 mujeres –cuatro de ellas embarazadas–, 15 niños y nueve hombres) que pertenecían a la organización de Las Abejas, cuando oraban y ayunaban por la paz en Chiapas.

Cabe señalar que los asuntos que discutirán los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN tienen que ver exclusivamente con indígenas que fueron acusados de los delitos de lesiones, homicidio calificado y portación de arma prohibida de uso exclusivo del Ejército.

Ninguno de los recursos está relacionado con los 15 ex agentes estatales y oficiales públicos que también fueron sentenciados.

De acuerdo con información obtenida, los amparos fueron presentados por grupos de sentenciados. El que revisó Olga Sánchez Cordero es de cuatro quejosos; el de José Ramón Cossío, de 14; el de Sergio Valls, de 25, y el de José de Jesús Gudiño Pelayo, de 6.

Fuentes judiciales confirmaron que de todos estos asuntos, en 14 se propone la libertad inmediata, porque después de revisar los expedientes los ministros instructores no encontraron pruebas que confirmaran las acusaciones en contra de los quejosos. Hay testimonios en los que rechazan haber estado en el lugar de los hechos o algunos afirman haber sido víctimas, pero la autoridad no comprobó que hayan participado en los homicidios.

Respecto de los otros 27 quejosos, los proyectos proponen conceder amparo para efectos, para que el tribunal que dicte sentencia tome en cuenta pruebas que fueron ignoradas en primera instancia y que fueron definitivas para sentenciarlos.

Los quejosos recibieron condenas que van de 25 a 40 años de prisión.

Una vez que los ministros analicen en privado los cuatro asuntos revisarán en qué casos existe insuficiencia de pruebas para avanzar hacia la aprobación de los dictámenes definitivos, en los que cada ministro mantendrá su punto de vista.