La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al gobierno federal de actuar premeditadamente y con una actitud hostil en el operativo policiaco-militar en Michoacán, al cuestionar que al gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel, no se le notificara de la acción.

El presidente nacional del sol azteca, Jesús Ortega Martínez –junto con los coordinadores parlamentarios perredistas en el Congreso de la Unión, Carlos Navarrete Ruiz y Javier González Garza–, reclamó en conferencia de prensa al gobierno federal la actitud mencionada y advirtió que sería una vileza y una actitud ruin que alguien pudiera utilizar el problema de la inseguridad pública para sacar ventaja de carácter electoral.

El líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, demandó por su parte al gobierno federal no politizar ni partidizar la lucha en contra de la delincuencia organizada y del narcotráfico y pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) sea enormemente pulcra cuando inicie la integración de las averiguaciones previas en torno a los presidentes municipales y altos mandos policiacos de Michoacán que fueron detenidos.

Por su parte, el coordinador de los senadores panistas, Gustavo Madero, rechazó que los operativos contra el crimen organizado que se han llevado a cabo en entidades donde gobierna la oposición lleven tintes electorales. Es parte del compromiso, sostuvo el legislador, para dejar la zona de confort y entrar de lleno en el combate al narcotráfico y la corrupción.

Germán Martínez, dirigente nacional panista, respaldó al presidente Felipe Calderón Hinojosa y le pidió al gobernador de Michoacán que coopere sin reticencias en la investigación que se lleva a cabo en esa entidad.

Diputados del PRD señalaron que la detención de funcionarios municipales y estatales de esa entidad manifiesta paradójicamente la debilidad del gobierno de Felipe Calderón en el combate al crimen organizado, porque no ataca el fondo de ese flagelo.

Asimismo, consideraron la acción emprendida por la autoridad federal como carne de cultivo de la narcotización de la campaña electoral en favor de los candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), porque a través de los medios de comunicación se ubica a Felipe Calderón como el mesías que se enfrenta solo al crimen organizado.

El diputado perredista michoacano Antonio Soto señaló que el operativo en el que fueron detenidos 27 funcionarios de esa entidad tiene tufo político-electoral y no quisiera pensar que el gobierno federal está utilizando al Ejército Mexicano y a la propia PGR para lesionar a un partido político.

En su turno, Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa Nacional, adujo a su vez que la administración calderonista no está facultada para pasar por encima del artículo 115 constitucional. Viola la soberanía de los estados, porque no se puede detener a los presidentes municipales sin haber cubierto las formalidades que establece la Constitución local. Hoy son presidentes municipales, ¿quién sigue? ¿los gobernadores?, ¿mañana los diputados?, preguntó.

Por su lado, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los derechos para todos, dijo que la  serie de detenciones que realizaron ayer militares en el estado de Michoacán son como las que hemos estado viendo desde hace tiempo, pero siempre queda la duda sobre cuáles son las evidencias y cuáles las consecuencias inmediatas, en términos de determinar su responsabilidad.

Finalmente, el presidente de la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, dijo que la situación es crítica al poner en evidencia el grado de descomposición que tienen las corporaciones policiacas y la falta de protección a quienes ejercen los cargos públicos.