Marisela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), está a un paso de cumplir un arresto de 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas del Distrito Federal, mejor conocido como El Torito, debido a que dos jueces de distrito coincidieron en que la funcionaria incumplió un mandato judicial.

Este es el segundo caso en menos de una semana que se hace público y que tiene que ver con altos funcionarios de la PGR a los que se les dicta una medida de apremio por presunto desacato judicial, luego de que el pasado viernes La Jornada revelara que Eduardo Medina Mora, titular de la dependencia, enfrenta desde marzo pasado una orden de arresto –también por 36 horas–, misma que impugnó por la vía del amparo.

La subprocuradora Morales se hizo merecedora a la sanción administrativa porque el pasado 7 de febrero no presentó ante el juzgado 18 de distrito de procesos penales federales, con sede en el Reclusorio Norte, a una testigo colaboradora de la procuraduría, quien debía carearse mediante una videoconferencia con César Arellano Coronilla, El César, presunto sicario de Los Zetas que está preso desde 2007 en el penal de máxima seguridad del noreste, en Tamaulipas.

Y por increíble que parezca, Morales Ibañez no cumplió con el ordenamiento judicial porque la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada no encuentra a su testigo protegido, a quien puso el sobrenombre de Gabriel.

De hecho, el testimonio de esta mujer (Gabriel), que formó parte del crimen organizado, en buena medida permitió a SIEDO llevar a la cárcel a El César y a una decena de presuntos colaboradores de Heriberto Lazcano, El Lazca, uno de los actuales líderes del cártel del Golfo.

Al solicitar la protección de la justicia al juzgado noveno de distrito de amparo, para evitar el arresto –según consta en el expediente 131/2009 al que este diario tuvo acceso–, la subprocuradora refirió que no es óbice decir que mediante oficio UEITA/1201/2009, se informó a la responsable ordenadora (juez 18 de distrito) la imposibilidad material para la presentación del referido ateste.

Asimismo, añadió: No será posible que el testigo colaborador con clave Gabriel se presente a las 11 horas del 7 de febrero del año que cursa, toda vez de que por el momento no es posible localizarlo, ya que abandonó el servicio de escolta y se procedió a girar la localización y presentación en contra de dicho testigo. Por otra parte, se está en el proceso de estudio de su situación jurídica.

Sin embargo, la justificación de la funcionaria fue extemporánea, pues llegó al juez a las 14:23 del pasado 7 de febrero, es decir, tres horas después de la hora señalada para el inicio de los careos procesales y constitucionales, lo que fue interpretado como desacato.

La funcionaria interpuso una demanda de garantías.