La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició un expediente de queja con motivo del asesinato del periodista Eliseo Barrón Hernández, quien laboraba en Multimedios Laguna.

La CNDH reiteró su demanda de que cese cualquier acción intimidatoria en contra de quienes ejercen el periodismo, contraria a la libertad de expresión y al derecho a la información de que debe gozar la persona. Informó también que personal del organismo se trasladó a Durango para entrevistarse con autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con amigos y compañeros del comunicador asesinado, así como con directivos de la empresa en la que laboraba.

En tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) condenó ayer la muerte del reportero y pidió que se inicie una investigación. Una democracia como la de México no puede tolerar cómo un periodista que hace una función pública, cubriendo casos de crímenes y corrupción, sea atado afuera de su casa por hombres armados encapuchados hasta llevarlo a la muerte, indicó la organización en un comunicado fechado en Nueva York.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional de Organismos Todos los Derechos para Todos y la Liga Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Limeddh) demandaron al gobierno federal que abra una investigación sobre el secuestro y asesinato del periodista Barrón Hernández, ya que es obligación del Estado dar seguridad y protección a los periodistas.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, insistió en que el Estado tiene la obligación de investigar todos los crímenes que lesionan a la sociedad, y no debe dejar estos asesinatos en la impunidad.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, destacó que el Estado debe garantizar la protección a los reporteros y a la libertad de expresión. Es grave que asesinen a un comunicador, y más si es por motivos relaciones con su trabajo; por ello es obligación del Estado investigar y aclarar este crimen.

Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, señaló que el Estado ha firmado y ratificado compromisos internacionales en materia de protección a los periodistas; por ello es necesario que “se investigue este asesinato, que es la expresión de que la violencia sigue escalando”.

Los tres defensores se pronunciaron por revisar el trabajo de la Fiscalía Especial para los Delitos contra Periodistas.