Las declaraciones de al menos cinco testigos protegidos sirvieron para que el gobierno federal realizara labores de infiltración e investigación encubierta en Michoacán, y detectara supuestos indicios de la presunta vinculación de miembros del cártel de La Familia con algunos servidores públicos de esa entidad, de acuerdo con revelaciones de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al respecto, luego de acceder al expediente, el abogado Juan Rivero Legarreta, defensor del alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, reveló que tres de esos cinco testigos serían líderes de La Familia por los que el gobierno federal ofrece recompensas de hasta 30 millones de pesos a cambio de informes que lleven a su captura.

Las fuentes consultadas revelaron que uno de los casos menos sólidos en esta indagatoria es el de la Citlalli Fernández González, ex secretaria de Seguridad Pública de esa entidad y asesora del gobernador Leonel Godoy.

El abogado Rivero afirmó: “Esta investigación se inició… ¡por una denuncia anónima! Ya luego, tras detenciones de delincuentes, se anexaron a la averiguación las declaraciones que corresponden a testigos protegidos que supuestamente son líderes del grupo La Familia”.

El litigante afirmó al ser entrevistado este miércoles, que entre los supuestos testigos protegidos que declararon contra los funcionarios michoacanos están “un tal Nazario, El Chayo; un Méndez, alias El Chango; un tal Gato Rivas; otro apodado El Boina Verde o Roja, y un quinto identificado como El Tuta”.

Según información de la PGR, los dos primeros serían Jesús El Chango Méndez y Nazario Moreno Hernández, El Chayo; el quinto es Servando Gómez Martínez, El Tuta.

El Chayo y El Chango son los máximos líderes del cártel de La Familia; no han sido detenidos y el gobierno federal ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por cada uno al ciudadano que proporcione informes que conduzcan a su captura. Lo mismo ocurre con El Tuta, ya que los tres aparecen en los carteles de recompensa que ha difundido la PGR.

Fuentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) confirmaron que esta indagatoria se inició con declaraciones de testigos protegidos, aunque no revelaron las identidades de éstos ni sus nombres clave, pero el abogado Rivero Legarreta, quien tuvo acceso al expediente en el cual se acusa a su cliente, el alcalde de Zitácuaro, explicó que los testimonios son de sujetos que al declarar no manifiestaron apellido ni nombre, no dan domicilio y de los que tampoco se aporta su media filiación, lo que calificó de franca violación a las garantías constitucionales, pues se están haciendo nugatorios los derechos de defensa.

La indagatoria, que hasta el momento incluye la detención de 28 funcionarios públicos de Michoacán, supuestamente se inició en diciembre pasado, pero según fuentes de la SIEDO, la averiguación previa surgió de las pesquisas tras los atentados ocurridos en la ciudad de Morelia el 15 de septiembre de 2008, y la posterior detención de algunos presuntos integrantes del crimen organizado.

Rivero Legarreta aseguró que la única prueba documental que consta en la averiguación previa es una hoja de texto de computadora, sin firma, sellos ni membrete oficial, por lo que cualquiera pudo haberla elaborado para incluirla en el expediente.

El documento contiene al menos 60 nombres que al parecer corresponden a funcionarios estatales y municipales de Michoacán, al lado de los cuales aparecen diversas cantidades escritas con número, aunque en la lista no se especifica si se trata de pesos, de dólares, de chocolates o de galletas, y tampoco hay un peritaje grafoscópico que nos permita saber quién, cuándo y dónde se hizo ese documento, aseguró el litigante.

Precisó que esa lista supuestamente se encontró en el interior de una camioneta negra sin placas, misma que le fue incautada de manera reciente a un grupo de miembros de La Familia, detenidos por policías federales.

El también ex defensor del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, destacó que las irregularidades en esta investigación son tales que aunque los testigos protegidos aseguraron a la autoridad ministerial “que los vieron (a los alcaldes) reunidos en equis parque público municipal, con integrantes de La Familia, se le pidió al agente del Ministerio Público que mostrara alguna foto, video, un documento oficial o alguna otra prueba para demostrar la existencia de esa reunión, pero nos contestó que no hay absolutamente nada más que el dicho de estos alias”.

El abogado michoacano César Cejos, asesor legal de los alcaldes de Apatzingán y de Buenavista de Ocampo, Genaro Guízar Valencia y Osvaldo Esquivel Lucatero, respectivamente, coincidió con lo declarado por Rivero. Según Cejos, esa lista no especifica que sean cantidades de dinero, tampoco refiere si es mensual, ni menciona fechas de algo que se quiere hacer pasar como sobornos, lo que nos hace suponer al grupo de abogados defensores que se trata de un documento inventado.

Ambos litigantes informaron que los 28 funcionarios michoacanos tuvieron que solicitar la noche del martes amparos ante jueces federales –contra actos de incomunicación–, para que pudieran estar acompañados por sus defensores durante las declaraciones ministeriales, que comenzaron la madrugada del miércoles.