La Subprocuraduría de Investigación Especializada Delincuencia Organizada (SIEDO) oficializó la noche de este miércoles la detención formal de los 29 funcionarios públicos de Michoacán presuntamente vinculados con el cártel de La Familia. La medida incluye al ex procurador de esa entidad, Miguel García Hurtado, informó el vocero de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Nájera Herrera.

Esta decisión implica que el Ministerio Público Federal ha encontrado indicios que conllevan la hipótesis de que los 29 detenidos están involucrados con el crimen organizado, y que colaboraron con miembros de La Familia para el trasiego de drogas y otros delitos conexos, según fuentes de la SIEDO.

La dependencia reveló esta noche también que esta investigación está relacionada con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008, que se integra por la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de fomento para posibilitar la ejecución del delito.

Asimismo, se dio a conocer formalmente que el ex procurador michoacano compareció voluntariamente ante la SIEDO motivado por la existencia de una orden de localización y presentación en su contra, girada por el agente del Ministerio Público de la Federación, y que una vez rendida la declaración del citado ex servidor público, el fiscal de la SIEDO decretó la retención constitucional de García Hurtado y de los 28 servidores públicos que fueron presentados ante la representación social de la Federación el día de ayer (martes), a fin de integrar debidamente la averiguación previa correspondiente.

La dependencia señaló que el representante social resolverá la situación jurídica de los ahora indiciados, dentro del término constitucional de legal retención. Esto es, ahora que ya son legalmente considerados detenidos, la situación jurídica de los 29 se resolverá dentro del periodo de 48 horas, aunque no se descarta ampliar el plazo hasta 96 horas, que se cumplirían el próximo domingo en la noche, si se aplica el término para quienes son investigados por delincuencia organizada, e inclusive la PGR tiene la posibilidad de solicitar un arraigo hasta por 40 días, mientras concluye la investigación que realiza la SIEDO.

El vocero de la PGR señaló que la dependencia “investiga las posibles implicaciones de diversas gentes (sic) que por accidente podría decirse que ocupan cargos públicos, pero de ahí a hablar de narcopolítica hay una diferencia gigantesca”.

Durante el día, el funcionario mencionó en diversas entrevistas que el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy,  no está involucrado en ninguna investigación, y que el mandatario local sí había sido informado del operativo para detener a los 28 servidores públicos el pasado martes; sin embargo, Godoy Rangel rechazó esas versiones y declaró que supo de las acciones del gobierno federal hasta que él se comunicó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

De acuerdo con fuentes de la SIEDO, hubo temor de que alguno de los involucrados se enterara y permitiera la fuga de otros implicados, por ello la decisión en los más altos niveles fue que no se informara al gobierno estatal del operativo.

En ese contexto, el vocero Nájera negó que la detención de los 28 funcionarios tenga tinte electoral: No podemos hablar de que (las capturas de los funcionarios públicos) estuvieran dirigidas hacia un partido o una agrupación política: es claro que fue una acción contra quienes pueden estar involucrados con el crimen organizado.