Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que el reciente operativo en Michoacán es un elemento más para no aprobar el paquete de reformas de Felipe Calderón, por el que se pretende legalizar la actuación del Ejército en el combate al narcotráfico y autorizar el establecimiento de un estado de excepción.

Si ahora, sin reforma, cometieron esas barbaridades y pasaron por encima de la ley, no quiero imaginar lo que harían ya con las modificaciones constitucionales que pretenden, advirtió el perredista Pablo Gómez.

A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que su partido no avalará que se instaure un Estado policiaco en el país. Hizo notar que en Michoacán el gobierno federal se colgó de la figura de arraigo para mantener 40 días detenidos a alcaldes y mandos policiacos, un plazo que vence justo después de las elecciones de julio. Es uno de los elementos, advirtió, que dan a la medida un tufillo electoral muy intenso.

En entrevista por separado, el senador del PRD Pablo Gómez hizo notar que los alcaldes, funcionarios estatales y jefes policiacos de Michoacán a los que se vincula con el narco, no fueron detenidos, ya que no hubo orden de arresto, y tampoco presentados, como aseguró la Procuraduría General de la República (PGR), porque para ello debieron ser notificados en dos ocasiones previas.

En realidad ¡fueron secuestrados! y Calderón se pasó por el arco del triunfo al Poder Judicial y a la Constitución, agregó. Hizo notar que es deplorable la manipulación político-partidista que el gobierno federal hace de la impartición de justicia y la lucha contra el narcotráfico. A la gente de Michoacán los medios de comunicación ya los declararon culpables, no sé si lo sean, pero habría que recordar que recién reformamos la Constitución para establecer el principio de presunción de inocencia”.

El legislador resaltó que el Partido de la Revolución Democrática no aprobará las iniciativas presidenciales, ya que sería dar más armas a Calderón para la creación de un estado dictatorial. En Michoacán violaron la Constitución, ¡qué es eso de que entren encapuchados al palacio (de gobierno) de Morelia! Eso sólo lo puede ordenar un juez.

De ninguna manera, insistió, se modificará la Carta Magna para que Calderón pueda suspender garantías por el tiempo que sea y en el lugar que quiera. Esa reforma a la Ley de Seguridad Nacional tiene que ser rechazada contundentemente, ya que a través de ella se busca instaurar una Presidencia omnímoda, dictatorial.

A su vez, el priísta Pedro Joaquín Coldwell dijo que sería una irregularidad muy grande que la PGR haya detenido a presidentes municipales y otras autoridades sin orden ni averiguaciones previas consolidadas. Si pasadas las elecciones del 5 de julio empiezan a caerse los casos, ello confirmará el uso electoral del combate al narcotráfico, advirtió.

Por ello, dijo, las reformas de Felipe Calderón van a ser analizadas a la luz de ese operativo en Michoacán. Recordó que ninguna de las iniciativas del Ejecutivo en materia de seguridad se aprobó en sus términos, y en este caso, tampoco será la excepción.