Como gobernador electo, Leonel Godoy Rangel fue informado por el Ejército Mexicano que el narcotráfico preparaba una reunión con 89 alcaldes también electos y, en acuerdo con él, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió desactivar el encuentro y se convocó a los ediles a una instalación militar en Michoacán, revelaron diputados del PRD y del PRI.

Ahí se les leyó la cartilla, comentaron los legisladores, y señalaron que el resultado fue que de los alcaldes, se dice que 28 acudieron al llamado de la delincuencia organizada.

Ante ello, los diputados de ambas bancadas señalaron que el gobierno de Felipe Calderón sabía que el crimen pretendía infiltrar a autoridades municipales en Michoacán, y que por tanto el operativo del pasado martes tuvo un fin electoral.

El diputado priísta Ascensión Orihuela afirmó que su sobrino, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, alcalde de Zitácuaro, es torturado sicológicamente en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para involucrar a altos funcionarios del gobierno del estado de México. Ese municipio michoacano colinda con Atlacomulco.

Mientras, el perredista Antonio Soto Sánchez, quien junto con Orihuela fue mencionado como origen de una investigación por supuestos vínculos con la delincuencia, aseguró que el gobierno de Felipe Calderón quiere vengarse de él por la investigación que encabezó contra Miguel Ángel Jiménez, ex director de la Lotería Nacional.

Tengo la sospecha de que así es, por la investigación a la Lotería y todo el poder que tiene (Elba Esther) Gordillo que puede, de manera maquiavélica, afectar a políticos, en este caso a diputados como a mí y al secretario de la comisión especial, Ascensión Orihuela. Qué casualidad que ambos fuimos clave para frenar el desvío de recursos de la Lotería al PAN, declaró.

Por su parte, el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, César Duarte, exigió al gobierno federal presentar la supuesta investigación y las pruebas que involucrarían a Soto y Orihuela, como se filtró el jueves, pues de lo contrario consideró que se trataría de una venganza política por la participación de ambos en la investigación por desvío de recursos de la Lotería al blanquiazul en Campeche, y expresó que su obligación al frente de la Cámara de Diputados es velar porque se respete el fuero e integridad de los legisladores.

Por su parte, el diputado perredista Humberto Zazueta consideró sospechosa la estrategia de combate al narcotráfico por parte del gobierno de Felipe Calderón, pues parece –aseguró– “que actúa en contra de ciertos cárteles para proteger a otros. Este gobierno soltó a Joaquín El Chapo Guzmán y no lo reaprehende a pesar de que cuenta con denuncias de dónde se encuentra”. Afirmó que el combate al tráfico de drogas pasa, como establece la Convención de Palermo, por aplicar acciones de fondo contra sus vínculos con la política y abatir la corrupción y la impunidad.

A su vez, el también diputado perredista Juan Guerra Ochoa cuestionó que se asuman por parte de la Procuraduría General de la República como verdades absolutas las declaraciones de un testigo protegido sobre la presunta conexión de funcionarios y autoridades policiacas del estado de Michoacán, pero que, al mismo tiempo, dicho personaje no haya aportado información sobre la estructura del cártel que opera en esa entidad.

“Esto permite fabricar una versión y acusar a quien se quiera, porque cuando se aporta información sobre los movimientos de un cártel, cualquier gobierno prioriza y desmantela la cadena de mando, y no antes a la que supuestamente le otorga protección”. En ese sentido, resaltó que el operativo es sólo una estrategia electorera y se montó todo un espectáculo con tal de ganar votos.