a final del Torneo de Clausura 2009 del futbol mexicano, que se celebra hoy en Pachuca, Hidalgo, se verá marcada por un operativo que, a decir de las autoridades, tiene el objetivo de evitar la configuración de escenarios de violencia antes, durante y después del encuentro. Las medidas de seguridad prevén la participación de 2 mil 500 uniformados, así como la instalación de dos retenes en las carreteras México-Pachuca y México-Ciudad Sahagún, donde se detendrá a todo vehículo con placas de Distrito Federal; quien no tenga boleto, no avanzará, lo cual, es de suponer, generará comprensible molestia entre los aficionados que pretendan asistir al partido, pero también –y sobre todo– entre miles de ciudadanos que, sin intención de acudir al cotejo futbolístico, quieran en cambio ingresar o atravesar la entidad hidalguense.

Sin pasar por alto la pertinencia y necesidad de preservar el orden y la seguridad en encuentros deportivos, es claro que las medidas referidas son injustificables por varios motivos. En primer lugar, la instalación de retenes y la revisión exhaustiva de automovilistas capitalinos encierra un innegable espíritu de discriminación hacia los habitantes del Distrito Federal, la cual se ha hecho patente a raíz del brote de influenza humana que azotó al país hace unas semanas. Otro elemento criticable de las medidas anunciadas es que revisten un inocultable cariz autoritario y supresor de las libertades. Es inevitable recordar que esto se produce en un contexto en que el gobierno federal se mantiene empeñado en hacer frente a las expresiones delictivas con acciones de tipo policiaco-militar, por lo cual la proliferación de retenes y el despliegue de uniformados se han vuelto postales recurrentes en distintas latitudes del territorio nacional.

Se asiste, pues, a la confirmación de una tendencia gubernamental –por demás peligrosa– a hacer un uso excesivo de la fuerza pública, policiaca o militar. Todo esto a pesar de que disposiciones como las que se comentan transgreden claramente el derecho constitucional al libre tránsito, consagrado en la Constitución (Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, artículo 11).

En suma, medidas como las que se comentan revelan una tendencia peligrosa en el ejercicio del poder y en la utilización de la fuerza pública que debiera constituir un factor de agravio y alarma para la sociedad en su conjunto. La necesidad de controlar y mantener el orden no justifica la discriminación, la supresión de libertades y, en suma, la vulneración del estado de derecho, acciones características de regímenes autoritarios, no democráticos.