Chihuahua, Chih., 30 de mayo. Juan Alberto Blanco Zaldívar, candidato de Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal por el distrito seis y ex presidente municipal de la capital de Chihuahua, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, acusado de cohecho, tras permanecer amparado por la justicia federal durante varios meses.

Apenas el viernes, Blanco Zaldívar festejaba junto con sus correligionarios la obtención de un nuevo amparo, que calificó de definitivo e irrevocable, el cual le fue otorgado un día antes por María del Carmen Cordero Martínez, juez primera de distrito en el estado.

Sin embargo, empleando una estrategia jurídica distinta, el Ministerio Público local obtuvo una nueva orden de aprehensión que dejó sin efecto el amparo, según un comunicado emitido por el gobierno del estado.

La detención, ordenada por Rodolfo Romano, juez cuarto penal, ocurrió momentos antes de iniciar su campaña, entre el periférico de la Juventud y avenida Francisco Villa.

Junto con él fueron detenidos su chofer, el secretario particular y un fotógrafo que lo acompañaban, quienes se oponían a la aprehensión de su jefe.

Blanco Zaldívar fue ingresado a la prisión Aquiles Serdán y puesto a disposición de un juez penal para rendir su declaración preparatoria relacionada con el delito de cohecho. Su equipo de campaña decidió instalarse en ese penal.

De acuerdo con la legislación, cualquier persona sometida a algún procedimiento penal puede perder sus derechos políticos y, por lo tanto, estar incapacitada para contender por cualquier cargo de elección popular.

El 14 de enero, la Procuraduría General de Justicia del estado solicitó órdenes de aprehensión contra tres particulares y ocho funcionarios del ayuntamiento 2004-2007 (de extracción panista), entre ellos un diputado local y dos regidores de la actual administración, acusados de cometer cohecho en la licitación del relleno sanitario de la ciudad.

La historia

La consignación del expediente se derivó de la revisión de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2006, efectuada por la Auditoría Superior del Congreso local, donde se detectó que el entonces alcalde y sus funcionarios proporcionaron información privilegiada a la empresa Sistemas de Ingeniería Residual SA (Sirssa), creada ex profeso para participar en la concesión pública para obtener la licitación del manejo y reciclamiento de basura en el relleno sanitario del municipio.

En su declaración ministerial, los socios de la empresa, Armado Acosta y Ernesto Reyes, admitieron que fueron beneficiados con información sobre el contenido de las bases, que se modificaron varias veces para garantizar que Sirssa obtendría la concesión; a cambio, el entonces prsidente municipal solicitó aportaciones por más de cinco millones de pesos en efectivo y en especie para financiar las campañas de los candidatos del PAN a la presidencia municipal y diputados locales, entre ellos la de los ahora alcalde de la capital Carlos Borruel Baquera y diputado local Roberto Lara Rocha.