La Presidencia de la República publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva ley de la Policía Federal (PF), que a partir de este martes dejará ser preventiva, pues tendrá facultades de investigación de delitos ya cometidos, incluida la posibilidad legal de intervenir llamadas telefónicas en pesquisas relacionadas con el crimen organizado.

El ordenamiento legal aumenta de 14 a 46 las facultades que tendrán los policías federales, quienes seguirán dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

En 1999 surgió la corporación policiaca a la que durante una década se conoció con las iniciales PFP, con la diferencia de que su labor básica era la prevención de los actos ilícitos.

La PF podrá colaborar ahora en las indagatorias abiertas por la Procuraduría General de la República (PGR), pero bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, a diferencia de como ocurría desde el sexenio del presidente Vicente Fox, cuando únicamente la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) –renombrada a partir del pasado viernes como Policía Federal Ministerial– podía coadyuvar con alguna fiscalía en el desahogo de una averiguación previa.

En ese contexto, Genaro García Luna, titular de la SSP federal, inauguró ayer en el Centro de Mando de Iztapalapa un curso de 12 semanas para mil 500 aspirantes universitarios que buscan convertirse en los primeros policías investigadores científicos de la nueva PF.

En su discurso inaugural, el funcionario sostuvo que el gobierno del presidente Felipe Calderón aplica una política real de Estado en materia de seguridad que trascienda coyunturas y calendarios políticos.

Durante el acto se transmitió un mensaje videograbado del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en el que exhortó a los aspirantes a dar todo su esfuerzo para formarse como los futuros investigadores científicos que habrán de salvaguardar la seguridad de los mexicanos.

Respecto de las nuevas facultades de la Policía Federal, quedó establecido en el DOF que ahora dicha corporación podrá solicitar directamente a los jueces federales –con la supervisión del Ministerio Público– la autorización para intervenir comunicaciones privadas, ya sea llamadas telefónicas, satelitales o vía Internet.

Pero sólo le estará permitido escuchar comunicaciones cuando se trate de indagatorias relativas a 17 delitos, entre ellos: contra la salud, privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, trata de personas, evasión de reos, lenocinio, trata de menores y tráfico de migrantes y de armas.

La autorización judicial podrá otorgarse (a la PF) únicamente a solicitud del comisionado general, cuando se constate la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de delitos.

Otras facultades previstas en la nueva ley de la PF están relacionadas con el aseguramiento de las escenas de crimen, ejecución de órdenes de aprehensión, procesamiento de evidencia y obtención de informes de diversas autoridades, pruebas de cargo que eran recopiladas por la anterior Agencia Federal de Investigación (AFI).

Asimismo, los policías federales están autorizados para realizar acciones encubiertas que les permitan hacerse pasar por narcotraficantes o secuestradores e infiltrarse en las agrupaciones criminales, a fin de aportar datos de las actividades ilícitas de los delincuentes organizados.

Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos, expresa la legislación.

Es de mencionar que la propuesta original del gobierno calderonista, de unificar las policías federales, no prosperó en el Congreso, por lo que la PF no será la única corporación policiaca federal, ya que la nueva Ley Orgánica de la PGR contempla la permanencia de una Policía Federal Ministerial, cuya función básica será auxiliar al Ministerio Público.