Con la deportación del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas se busca criminalizar también a académicos e intelectuales, por lo que la interrogante es si el gobierno de Felipe Calderón iniciará la caza de éstos, cuestionó Carlos Fazio, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras el defensor de derechos humanos Óscar González exhortó al rector José Narro a hacer un pronunciamiento más categórico sobre la importancia de no dejar pasar esta grave violación del derecho mexicano e internacional.

A su vez, en conferencia de prensa, el comité por la liberación de Beltrán Villegas, expulsado el pasado 22 de mayo por el Instituto Nacional de Migración (INM) y a quien el gobierno de su país relaciona con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, expresó que hoy México se distingue vergonzosamente por la criminalización y persecución del pensamiento crítico. Los puntos de vista contrarios a los del actual gobierno colombiano no pueden seguir siendo catalogados como sinónimos de terrorismo, por lo cual la criminalización del pensamiento y de la universidad pública deben cesar.

Fazio, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador de La Jornada, sostuvo que la expulsión del académico colombiano, basada en la ilegalidad, es un secuestro político en el marco de una operación de Estado.

Pero en esa operación no sólo participó el Estado colombiano, sino también el gobierno de Felipe Calderón, y detrás de ellos está Estados Unidos, añadió.

Óscar González advirtió que este caso es un ensayo para poner en práctica una cooperación estratégica que busca entrar de manera más brutal al uso de capacidades represivas del Estado.

En tanto, Diana Martínez, de la organización Sin Fronteras, apuntó que el procedimiento administrativo migratorio en el que se basó la expulsión de Beltrán no está firmado, lo que significa graves violaciones al debido proceso; por otra parte, también se violó el derecho que tenía el académico al asilo, ya que el INM sabía de la una orden de captura en Colombia, y se lo ocultó. Así, añadió, México tampoco garantiza el compromiso a nivel internacional, como es la convención del estatuto para los refugiados.