Lima, 7 de junio. Los habitantes de la región amazónica de Perú –militarizada el sábado después de una serie de enfrentamientos entre indígenas y agentes de la policía nacional– demandaron hoy la formación de una comisión investigadora de los hechos, con observadores internacionales, y comenzaron a organizar la búsqueda de cientos de familiares y vecinos desaparecidos, mientras altos funcionarios del gobierno de Alan García y dirigentes indígenas mantenían sus discrepancias en torno a la cifra de muertos.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Antero Flórez Aráoz, en los choques de agentes que portaban armas de fuego e indígenas provistos de lanzas, garrotes y piedras, fallecieron 23 uniformados y 11 nativos.

A su vez, Shapiom Noningo, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas Amazónicos, afirmó que la cuenta de nativos abatidos oscila entre 30 y 50, y aclaró que la gente de la región ha dado testimonio de que algunos cadáveres fueron arrojados a ríos de la zona o incinerados.

La defensora del pueblo, Beatriz Merino, quien hizo una evaluación en el lugar de los hechos en los dos últimos días, afirmó que los visitadores de la institución sólo hallaron nueve cadáveres de civiles.

Desde el estallido del conflicto, en las primeras horas de la tarde del viernes, según diversos reportes de residentes y medios locales de información, habitantes de los pueblos próximos a Bagua se escondieron en el campo y unos 700 consiguieron refugio en templos y otras edificaciones de la Iglesia católica.

Uno de los lugares donde los indígenas encontraron protección es el convento de las Hermanas de la Santísima Trinidad, ubicado en Bagua Grande.

La responsable del sitio, Rosa María Archila, afirmó que los indígenas fueron acogidos desde el sábado y que en las últimas horas se organizaron para comenzar a buscar a los desaparecidos.

Nos han dicho que muchos de nuestros hermanos muertos han sido tirados al río Marañón para ocultar la matanza, y por eso pedimos garantías para buscarlos, expresó Carlos Anchanchi, uno de los refugiados en el convento.

Un indígena de la región de Condorcanqui, Ricardo Tuchía, dijo haber visto a presuntos policías cuando incineraban tres cadáveres. Según los nativos, hay alrededor de 400 desaparecidos.

Los jefes policiales han rechazado hablar de las denuncias sobre los cadáveres, y dijeron que el caso pasó a responsabilidad de las autoridades judiciales, que deberán investigar al respecto.

Los enfrentamientos ocurrieron el viernes en la carretera transamazónica de Perú, que 57 días antes había sido bloqueada por habitantes de la región en protesta por una nueva legislación que autoriza la explotación de recursos petroleros y gasíferos.

El primer día fueron reportadas 33 muertes –11 agentes y 22 manifestantes y residentes–, pero el sábado la cuenta aumentó cuando la policía nacional dio cuenta de que nueve de 38 agentes secuestrados en un campo petrolero la noche del viernes habían sido asesinados.

Este domingo, el director de la corporación informó que 10 de los plagiados fueron ejecutados, mientras 13 fueron abatidos en los choques del viernes, ocurridos en un paraje conocido como Reposo, en la carretera que une a Bagua Grande y Bagua Chica.

Para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, Noningo sugirió que el gobierno constituya una comisión nacional de alto nivel, que incluya a la Defensoría del Pueblo y observadores internacionales.

Noningo tomó el papel de vocero de los pueblos amazónicos luego de que el líder Alberto Pizango pasó a la clandestinidad por una orden judicial de arresto, acusado de haber incitado a la violencia.

Insinuaciones de Alan García

Sobre el origen de las protestas indígenas, el presidente Alan García insinuó hoy que los gobiernos de Bolivia y Venezuela –productores de gas y petróleo– podrían estar detrás de las acciones, y aunque no mencionó a esos países vecinos, funcionarios de su gobierno los han señalado directamente en el último mes y medio.

¿A quién le conviene que el Perú no encuentre más petróleo?, cuestionó García en un homenaje a Francisco Bolognesi, héroe peruano de la Guerra del Pacífico, a finales del siglo XIX. ¿A quién le conviene que el Perú no pueda explotar más y mejor sus minerales? Sabemos a quien le conviene, remató.