Lima, 8 de junio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente los graves hechos de violencia ocurridos el viernes pasado en la región peruana de la Amazonia, y recordó al Estado su obligación de esclarecer judicialmente lo sucedido en un paraje sobre la carretera transamazónica, donde murió cerca de medio centenar de personas, entre indígenas y agentes de la policía nacional.

La reacción de la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos, se produjo un día antes de que el Consejo Permanente celebre en Washington una sesión extraordinaria para ser informado oficialmente de los acontecimientos, que fueron la causa de que cientos de residentes de la zona se refugiaran en el campo y en edificaciones de la Iglesia católica.

La CIDH llamó a las partes en conflicto a promover un proceso de diálogo, y sugiere al Estado adoptar mecanismos para evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en manifestaciones de protesta.

El conflicto comenzó hace dos meses, cuando las 65 etnias de los pueblos originarios reclamaron su derecho a ser consultados sobre una nueva legislación que autoriza la explotación de energéticos en la región, conforme establece el convenio 167 de la Organización Internacional del Trabajo, de la que Perú es signatario.

Indígenas controlan accesos

La operación policial de desalojo de la carretera que conduce a zonas de explotación petrolera en el norte de Perú –incluida una planta de Pluspetrol, de capital argentino– desató un enfrentamiento entre campesinos y agentes, que arrojó un saldo de 33 muertos en el área de los choques.

Opositores al gobierno del presidente Alan García afirmaron que la acción policial había generado una crisis política, que según el mandatario ha sido provocada por intereses extranjeros –a los que no mencionó directamente– que pretenden inhibir el desarrollo energético de Perú.

El diario conservador El Comercio, que respalda el proyecto de explotación energética, pidió la renuncia del gabinete y acusó al Parlamento y a García de no haber propiciado el diálogo. El costo político debe ser asumido, señaló el rotativo en su editorial de este lunes.

La zona del conflicto –donde se encuentran los poblados de Bagua Grande y Bagua Chica– continuó bajo el control del ejército, pero otro tramo carretero tomado por indígenas, entre las localidades de Yurimaguas y Tarapoto, siguió ocupado por unos 5 mil nativos, según constató la defensora del pueblo, Beatriz Merino.

Representantes del gobierno central y líderes indígenas acordaron liberar el camino este martes, mientras el jefe del gabinete presidencial, Yehude Simón, informó a una comisión legislativa que recibió un documento de la embajada de Nicaragua en el que comunica que la tarde de hoy se refugió en esa misión diplomática Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, acusado por el gobierno de incitar a la violencia.