cuatro días del incendio ocurrido en la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– en Hermosillo, Sonora, que hasta el momento ha cobrado la vida de 44 niños, las autoridades se muestran incapaces de atender satisfactoriamente las demandas de esclarecimiento de las familias de los muertos y de la sociedad en su conjunto y exhiben, en cambio, una actitud errática e inaceptable.

El sábado, el director general del IMSS, Daniel Karam, afirmó que la última evaluación que se hizo a esta guardería fue el pasado 26 de mayo y que durante ésta se verificó que el inmueble aparentemente contaba con todos los requisitos y precondiciones en materia de seguridad. Ayer, sin embargo, luego de que la Procuraduría General de Justicia estatal confirmara que las salidas de emergencia del inmueble estaban mal ubicadas y que una de ellas era falsa, el funcionario federal señaló al Departamento de Bomberos de esa ciudad como la “autoridad responsable de emitir (…) el visto bueno” para la operación de la guardería, al tiempo que dijo que los supervisores del organismo a su cargo se limitan a recibir la documentación que les presentan las autoridades municipales.

Las declaraciones del director del IMSS parecieran obedecer a un empeño de las autoridades federales por eludir responsabilidades: como lo señalan los testimonios de los ciudadanos que participaron en las tareas de rescate, así como los primeros resultados de las investigaciones de la procuraduría estatal, la guardería ABC operaba en deplorables condiciones de seguridad –sin salidas de emergencia suficientes, sin extintores en funcionamiento ni sistemas de alarma contra incendios–, y su personal carecía de la capacitación adecuada para responder a este tipo de emergencias. Todo ello da cuenta de una cadena de descuidos e irregularidades atribuibles a los propietarios de la guardería concesionada, a las autoridades locales, responsables de las tareas protección civil –que permitieron la habilitación del establecimiento en una zona y un inmueble por demás inadecuados– y al propio IMSS, que es el que cede la operación de estos centros a particulares y al que corresponde, por tanto, responsabilizarse de que éstos los manejen en condiciones adecuadas.

El dolorosísimo episodio tendría que dar pie a una investigación escrupulosa, transparente y objetiva, y los distintos niveles de gobierno debieran estar obligados a poner todo de su parte para esclarecer un descuido que se tradujo en un agravio mayúsculo para la sociedad nacional.

No puede pasarse por alto que, como lo han documentado distintos medios informativos, entre los propietarios de la guardería ABC figuran familiares del titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, así como del gobernador de Sonora, Eduardo Bours. Esa circunstancia, lejos de obstaculizar el desarrollo del esclarecimiento, debe ser un aliciente para llevarlo hasta sus últimas consecuencias. De otra forma, la opinión pública juzgará la actuación de las autoridades federales y de las estatales como el designio de brindar encubrimiento e impunidad a personajes cercanos al poder político.

En otro sentido, la tragedia ocurrida en la guardería ABC tiene como telón de fondo la oleada de privatizaciones de servicios públicos que se inició en los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, caracterizada por una corrupción y una opacidad proverbiales, y que, a la larga, se ha traducido en una alarmante disminución de los niveles de seguridad para los usuarios de diversos servicios privatizados. Baste con recordar los repetidos señalamientos en torno a las malas condiciones de la Autopista del Sol, o las sospechas de que el accidente aéreo de noviembre pasado, en el que murieron Juan Camilo Mouriño, José Luis Santiago Vasconcelos y otras siete personas, pudo ser propiciado por la poco transparente concesión de adquisición y operación de la aeronave siniestrada a instancias particulares.

La gravedad de los hechos demanda, en suma, plena voluntad política por parte de las autoridades para llegar al fondo del asunto. Se trate de quien se trate, los responsables de esta tragedia deben ser investigados y sancionados, pues sólo de esa manera se podrá hacer justicia al medio centenar de familias golpeadas por la muerte de sus niños y evitar un daño mayor a la de por sí erosionada credibilidad de las instituciones.