erminaron nuestros márgenes de esperanza en torno a una salida pacífica y negociada frente a la movilización que mantienen los indígenas amazónicos en el norte de Perú, exigiendo la derogación de varios decretos que atentan contra los territorios que cuidan desde tiempo inmemorial, pues con ellos se busca incentivar la inversión privada en zonas ricas en recursos naturales, como petróleo y gas.

Es realmente doloroso que se haya implantado en estos tiempos la ecuación de movilización en defensa de los derechos de los pueblos indígenas igual a peligro inminente de perder la vida o ser encarcelados. Este patrón rige en la región, con alguna excepción, como Bolivia, lo que indica que en los hechos está presente la subordinación de los antiguos estados-nación a los intereses del capital trasnacional. Esos intereses representan la nueva razón de Estado.

Justamente hoy día nos encontramos ante la paradoja de que a 30 años de lucha de los pueblos indígenas por lograr el reconocimiento de sus derechos históricos, esos mecanismos e instrumentos no se expresan en nuevas políticas de los estados. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, de la ONU, así como reformas constitucionales de mayor o menor dimensión en nuestros países se enfrentan a los arreglos metaconstitucionales que los estados pactan en contravía a esos derechos. Es una realidad que los estados ven a los pueblos y a sus derechos como obstáculos para sus dinámicas de desarrollo.

El pasado 5 de junio el Estado peruano decidió abrir fuego contra los inconformes nativos amazónicos a fin de desbloquear una carretera de la localidad de Bagua Grande, en la región de Amazonas. A la fecha no se conoce con precisión el número de víctimas. Previamente en el Congreso el partido del presidente Alan García había cancelado por enésima ocasión la discusión en el pleno sobre el dictamen que concluía en el carácter inconstitucional de los decretos referidos.

Yo quiero responsabilizar al gobierno del presidente Alan García por ordenar el genocidio. Ellos nos están tirando balas como animales, dijo el líder del movimiento amazónico Alberto Pizango, quien, según los reportes de prensa, se ha escondido para evitar ser capturado. Es otro signo muy previsible para quien encabeza un movimiento: ser criminalizado.

No hay duda de que las protestas afectaron intereses económicos de empresas como Petroperú, que se vio obligada a cerrar temporalmente un oleoducto que transporta crudo de la selva norte hasta la costa del Pacífico. Pero precisamente se deben deslindar responsabilidades frente al origen de la protesta. No hay que olvidar que los decretos señalados fueron aprobados sin consulta a los pueblos interesados y que la movilización se inició ante la ausencia de mecanismos serios de diálogo.

Por otra parte, la respuesta presidencial también reproduce el patrón que rige en nuestros países, consistente en eludir la responsabilidad del Estado y colocar toda la carga en quienes se organizan para defender sus derechos. Ya se escuchan acusaciones graves contra los nativos amazónicos y aquellas fuerzas políticas que los han apoyado. La agencia Reuters reportó esta declaración: Pizango ha caído así en un nivel delincuencial. Asaltar una comisaría, arrebatar armas a los policías, victimar policías que mueren en el cumplimiento de su deber. Una muy amplia gama de fuerzas políticas y sociales nacionales e internacionales han expresado su rechazo al uso de la violencia para enfrentar conflictos y se esperan movilizaciones. Destacan la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica y organismos de derechos humanos que exigieron al gobierno detener los enfrentamientos en Bagua. En el mismo sentido se expresó la FNTMMSP como institución sindical representativa de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos de Perú. El movimiento indígena de la región, que en días pasados culminó su cuarta cumbre, también ha demandado el cese a la represión.

Otra dimensión insoslayable para la humanidad entera es el significado que para la vida del planeta tiene la defensa de la Amazonia. Las muy graves afectaciones a la biodiversidad están en la raíz del llamado cambio climático. Los indígenas amazónicos han sido literalmente guardianes de esas importantes regiones y hoy son calificados como enemigos del desarrollo. Si no ampliamos la mira y ubicamos la dimensión que tiene este movimiento podemos caer en la complicidad.

Sin embargo, la principal implicación de estos ominosos hechos debería ser el juicio a los responsables con lo cual se inicia de nueva cuenta la batalla contra la impunidad. Urge detener la sistemática política de eliminar y criminalizar a quienes se movilizan. Los delitos de lesa humanidad deben detenerse. Nuevo desafío para instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional.