l fantasma del voto nulo asusta a la clase política mexicana. Sin distingo de siglas o ideologías, los dirigentes de todos los partidos políticos, sus intelectuales orgánicos, la Iglesia católica y las instituciones electorales temen que este 5 de julio los ciudadanos no voten por alguna de las siglas estampadas en las boletas electorales.

Al igual que acontece cuando después de un accidente automovilístico de relativa gravedad el chofer tarda un tiempo en calibrar la magnitud de los daños, los políticos profesionales no terminan de evaluar el tamaño del golpe que presienten. Apanicados, se echan la culpa unos a otros del crecimiento de la ola abstencionista. Andrés Manuel Lopez Obrador y Jesús Ortega responsabilizan a la derecha. Los panistas señalan con el dedo índice al Partido Revolucionario Institucional (PRI) porque es el que tiene mayor voto duro. El tricolor pide que se investigue si la campaña proviene de grupos conservadores o del gobierno federal. La jerarquía católica advierte fracaso democrático y triunfo del totalitarismo. El Instituto Federal Electoral (IFE) señala que es responsabilidad de los partidos que los votantes acudan a las urnas.

Las causas de esta oleada son, sin embargo, más sencillas. La clase política mexicana agotó ya sus últimas reservas de credibilidad. El sistema de partidos se colapsó. El país no cabe en el régimen político. Doblegadas ante los grandes consorcios mediáticos, las instituciones de organización y vigilancia electoral están sumidas en el descrédito.

Existe una creciente y profunda desconfianza de amplios sectores de la ciudadanía con los mecanismos de representación y mediación política institucional. Esta mezcla de malestar, incredulidad e indignación no se concentra en un partido, un funcionario o un representante en especial, sino que involucra a la mayoría. Muy pocos se escapan. La corrupción mancha a casi todos. Los partidos padecen inacabables conflictos internos. Las peleas entre las personalidades políticas de mayor renombre son interminables.

En estas circunstancias ningún acontecimiento, por grave que sea, permanece mucho tiempo en la agenda pública. Un escándalo tapa a otro. Su vida es fugaz.

Además del agotamiento del régimen y el hastío y la desconfianza ciudadana, la eclosión de quienes promueven la anulación del voto y de quienes piensan abstenerse no es ajena a seis hechos que han modificado la fisonomía del país y que los políticos no parecen haber comprendido cabalmente.

El primero es la emergencia de las redes informáticas, que han generado, sobre todo entre los jóvenes urbanos, nuevas sensibilidades y distintas formas de relación. La campaña crece en Internet y desde allí ha saltado a los medios escritos y electrónicos.

El segundo es la changarrización de la base productiva y la precarización laboral que han disuelto identidades y lealtades tradicionales asociadas con el mundo del trabajo y con la compra y coacción del voto. Aunque se conservan clientelas electorales de base territorial susceptibles de ser movilizadas sobre la base de programas asistenciales, éstas distan de ser mayoría entre los votantes.

El tercero es el creciente número de conflictos sociales en todo el país que se desarrollan al margen de los partidos políticos o de los intermediarios sociales tradicionales. Centenares de protestas de indígenas, campesinos, trabajadores, pobres urbanos, mujeres, defensores de derechos humanos, ecologistas han surgido en todo el país. Muchas se han radicalizado. Con frecuencia han desbordado los canales institucionales para atenderlas. Algunas, inclusive, han decidido darse sus propias formas de gobierno. El pobrerío anda alborotado y las elites están temerosas con ese alboroto. Quienes participan en estas movilizaciones no ven que la solución de sus problemas dependa necesariamente de votar por un candidato en particular. Con la izquierda partidaria dividida y una parte muy importante de su liderazgo desprestigiado, en estos comicios la polarización social se expresa marginalmente en la vía electoral.

El cuarto es la constitución de una corriente de opinión en favor de la anulación del sufragio entre sectores de las clases medias, académicos e intelectuales, que en el pasado fueron promotores de las distintas variantes del voto útil, y que ahora no están dispuestos a dejarse arrastrar por el dilema de sufragar por tal o cual partido en específico o ser avasallados por el peligro mayor.

El quinto es la agresiva campaña contra partidos, clase política y Congreso de la Unión que los grandes medios de comunicación electrónicos efectuaron como parte del pulso alrededor de la reforma electoral de septiembre de 2007 y la sustitución de los funcionarios del IFE. Los concesionarios de radio y televisión exhibieron públicamente algunas de las miserias de legisladores y dirigentes partidarios.

El sexto es el éxodo que ha arrancado a millones de personas de sus lugares de nacimiento y trabajo, y ha hecho de la migración (tanto interna como hacia Estados Unidos) y la deslocalización territorial un fenómeno central del México contemporáneo.

Hace más de seis años el EZLN anunció el colapso de la clase política que la actual campaña en favor del voto nulo y/ o la abstención evidencia. Para escándalo de algunos, los alzados no diferenciaron en su análisis partidos ni personalidades. Su diagnóstico ha demostrado ser certero.

En 2001, al legislar simulando reconocer los derechos de los pueblos indígenas, la clase política cavó un foso insuperable con amplios sectores de la sociedad mexicana. Cualquier regeneración de la política en este país provendrá no de los sótanos de San Lázaro ni del Palacio de Covián o de Los Pinos, sino de abajo y a la izquierda.