La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio para investigar y determinar las posibles violaciones a los derechos fundamentales en que pudieron haber incurrido diversas autoridades en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que ha dejado un saldo de 44 niños muertos.

Mediante un comunicado de prensa la CNDH informó que las autoridades que pudieran estar involucradas en ese siniestro son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los gobiernos estatal de Sonora y municipal de Hermosillo.

Subrayó el órgano nacional de defensa de los derechos humanos que las entidades y organismos federales que cuentan con servicios de guardería infantil propios o subrogados deben determinar de inmediato los grados de riesgo de sus instalaciones.

Indicó además que desde el pasado viernes, el día del incendio, envió visitadores adjuntos al lugar de los hechos, entre ellos peritos médicos y en sicología, para ofrecer atención a víctimas y a sus familiares, además de recabar información y testimonios sobre lo ocurrido, e integrar el expediente de queja.

De igual forma, añadió que solicitará medidas cautelares de protección a favor de víctimas y de sus familiares, además de las específicas para que se preserve toda la información documental inherente a la operación de las instalaciones.

La CNDH recordó que en mayo de 2008 emitió la recomendación 14/2008, que dirigió a la Secretaría de Salud y a la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por los riesgos a que está expuesta la salud de las niñas y niños que acuden a las estancias de bienestar y desarrollo infantil, al estar en contacto con sustancias químicas, resultado de las fumigaciones periódicas en dichos lugares, por sus posibles efectos mutagénicos, teratogénicos y carcinógenos, así como por afectar el desarrollo de los sistemas nervioso, inmune y endócrino de los infantes.

Abunda que dará puntual seguimiento a la evolución del caso de la guardería ABC, y continuará con sus investigaciones bajo el principio de confidencialidad que establece el artículo 4 de su ley, en tanto se emite la resolución pública correspondiente.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria manifestó su pesar por la muerte de las niñas y los niños que se encontraban en esa guardería subrogada del IMSS.

Este centro de derechos humanos solicitó a las autoridades estatales y federales que, en el ámbito de sus competencias, investiguen las circunstancias que dieron lugar a esta tragedia.

También demandó que se revisen los procedimientos y criterios para conceder permisos o subrogar servicios de estancias y guarderías a particulares, y que se sancione a aquellas autoridades que otorguen permisos que no cumplan con la normatividad aplicable y que se presten a actos de corrupción.