El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) determinó exonerar a los gobernadores de Tlaxcala, Héctor Ortiz, y al de Oaxaca, Ulises Ruiz, de responsabilidades por haberse promocionado ilegalmente en medios de comunicación. También desechó un recurso por actos anticipados de campaña contra los candidatos a diputados panistas Fernando Yunes y Julio Saldaña, aunque originalmente el proyecto proponía multarlos por encontrarlos responsables.

En la sesión, el punto más debatido fue la injerencia del IFE para hacer válido el derecho de réplica de los candidatos ante afectaciones en medios de comunicación. Al desahogar el recurso de un aspirante perredista en Nuevo León contra el periódico El Norte, los consejeros decidieron que, si bien hay la disposición constitucional al derecho de réplica, para la mayoría no hay sustento legal que acredite la intervención del organismo.

Para el consejero Alfredo Figueroa, el que no exista ley reglamentaria del artículo 38 constitucional no impide su aplicación, por lo que basta que la autoridad electoral sepa de una situación relacionada con garantías individuales para que proceda, en acatamiento irrestricto a la disposición constitucional.

El consejero Marco Antonio Baños subrayó que la autoridad electoral debería devolver el proyecto de desechamiento, a fin de que se repusiera el procedimiento y el IFE estuviera en posibilidades de garantizar que el derecho de réplica pueda ser actualizado durante las campañas electorales.

Al justificar que el IFE no podía intervenir en los casos en que se demande el derecho de réplica relacionado con cuestiones electorales, el consejero Marco Antonio Gómez Alcántar subrayó que el instituto tenía una limitación expresa para regular estos temas.

La consejera Macarita Elizondo recordó que en un transitorio de la reforma electoral quedó patente que el Congreso debió legislar al respecto el 30 de abril de 2008, derivándose los problemas para su aplicación.

El consejero Benito Nacif abundó en la inviabilidad de que el IFE participe en el derecho de réplica, y reconoció que es un tema constitucional sumamente delicado, donde el IFE no tiene los instrumentos jurídicos para hacer efectivo dicho derecho. Intentarlo sobre las rodillas sería sumamente riesgoso.

Destacó que el Legislativo reservó la prerrogativa de definirlo, por lo que el instituto debe esperar hasta que haya más luz de las autoridades correspondientes. Creo que el IFE debe seguir la estricta aplicación de la ley y hacer siempre interpretaciones expansivas de la libertad de expresión y restrictivas de sus limitaciones.

El representante perredista del Poder Legislativo, Pablo Gómez, destacó la obligación del IFE de garantizar el derecho de réplica al tratarse de asuntos electorales. Subrayó que la existencia de esta garantía constitucional es suficiente para que el instituto conozca del asunto, porque la ausencia de una ley no hace inexistente el derecho constitucional.

La diputada panista Dora Alicia Martínez reconoció que el incumplimiento del Congreso para complementar el paquete de reformas electorales complicaba el tema. Más allá de esta insuficiencia, dijo, las leyes vigentes no le permiten al IFE intervenir para hacer valer la réplica, posición que prevaleció entre los consejeros.