En demanda de justicia y para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los escuche, desde Acteal, Chiapas, llegó un grupo de sobrevivientes de la masacre cometida el 22 de diciembre de 1997, en la que paramilitares mataron a 45 personas –19 mujeres, 14 niñas, ocho hombres y cuatro niños (de las mujeres siete estaban embarazadas)– y 16 quedaron heridas.

La sociedad civil Las Abejas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el obispo Samuel Ruiz y la Red Todos los Derechos para Todos demandaron que la Corte escuche a los testigos, que no deje libres a los paramilitares que están identificados como participantes en la masacre y que lleve a la cárcel a los autores intelectuales.

En conferencia de prensa, una decena de víctimas demandaron justicia. Una por una fue narrando lo que vivieron ese día.

Estamos aquí porque la Corte resolverá en los próximos días los 12 amparos que atrajo sobre los paramilitares y sabemos que los piensa dejar libres, porque ellos han cambiado su historia, por ello queremos que nos escuchen.

La organización civil Las Abejas aseveró que la versión que maneja el escritor Héctor Aguilar Camín y el Centro de Investigación y Docencia Económicas es la misma de los paramilitares. Quieren cambiar la versión de los hechos, hacer una nueva historia, por ello pedimos justicia.

Por el grupo de víctimas, la primera en hablar fue Virginia Arias, de Las Abejas. Ella sostuvo: “somos testigos de la muerte de nuestras mamás, papás, hermanas, tíos. Yo vi lo que hubo en 97, ya no quiero que pase otra vez la masacre. Yo tenía 11 años, estaba con mi mamá cuando entraron los paramilitares y muchas balas salían de sus armas, yo me paré y mi mamá dijo ‘¡ay!’, y ahí se murió. Vi al hombre que le disparó y al que mató a mi hermanito”.

Luego habló Antonio Vázquez Gómez y dijo: queremos que la Suprema Corte nos escuche, que escuche la voz de los sobrevivientes. Exigimos castigo a los culpables y a los autores intelectuales, venimos porque queremos que se escuche nuestra palabra.

Tocó el turno a Mariano Luna Ruiz, quien sostuvo en su lengua: “Senaida –y señaló a una joven indígena que estaba junto a él– está ciega, porque recibió un balazo en la cabeza. Efraín no nació así, con una cicatriz en la boca, lo machetearon, y Jerónimo, ¿cómo puede trabajar si no está completo?, le cortaron tres dedos de su mano, por ello estamos aquí, a mi mujer y a mis hijos los mataron, espero que la Corte nos escuche”.

Mariano Pérez se presentó en la conferencia como testigo de lo que sucedió. Los 12 paramilitares que se ampararon estuvieron presentes y si la Suprema Corte los deja libres será cómplice de la masacre y del temor que tenemos de que ocurra otro acto igual.

Añadió: es la verdad, ellos participaron. Vimos cómo dispararon, aquí estamos unos sobrevivientes, no pudimos venir todos porque no tenemos recursos, pero yo soy testigo de cómo sucedió, por ello, pedimos justicia.

Luego, Vicente Luna Ruiz, otro sobreviviente de la masacre dijo: venimos aquí a la ciudad de México a declarar lo que vimos con nuestros propios ojos, no venimos a decir mentiras. Yo caí debajo de los muertos y vi cuando dispararon, identifiqué a algunos y a otros cuatro por fotografía, porque son de Los Chorros.

María Pérez también narró su historia. La voz se le cortó y escondió su rostro para secarse con su rebozo. Esperó unos minutos y narró: familias completas cayeron. Entraron los paramilitares disparando, mataron a muchas mujeres y a niños, a ancianos y a mujeres embarazadas, por eso cuando platicamos nos duele el corazón, queremos que se aplique la justicia.

Hoy estarán en la Suprema Corte los sobrevivientes de esa masacre, acompañados de representantes del Centro Fray Bartolomé de las Casas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El obispo Samuel Ruiz leyó el pronunciamiento por la justicia y la verdad en relación a la masacre de Acteal, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Dijo que a 11 años y cinco meses de perpetrada matanza, este centro de derechos humanos insiste en la responsabilidad del Estado mexicano por comisión, por omisión, por dilación y denegación de justicia.