Tras informar que la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) confirmó el auto de libertad en favor de Juan Linares Montúfar, presidente del consejo de vigilancia del sindicato minero, la organización respondió a los señalamientos de Carlos Pavón contra el líder Napoleón Gómez Urrutia. Expresó que es falso que diversas secciones estén rompiendo con el dirigente.

Manifestó que la organización tiene informes de que Carlos Pavón tuvo reuniones secretas con los empresarios Alonso Ancira, de Altos Hornos de México, y Germán Larrea, de Grupo México, de las cuales resultaron que el primero le dio un millón de dólares y el segundo 10 millones de pesos para sumarse a la persecución contra Gómez Urrutia y el gremio.

Explicó que el 12 de mayo de 2009 culminó el proceso estatutario de enjuiciamiento sindical sobre acciones y conductas desleales de Carlos Pavón, y que el consejo general de vigilancia y justicia del sindicato tomó la decisión, con absoluto apego a los estatutos, de destituirlo. Además, retirarle sus derechos sindicales por cinco años y prohibirle ejercer cualquier cargo o comisión en el futuro. Lo anterior también aplica para otros tres comisionados.

Según un comunicado de la organización, Pavón pactó con los empresarios a raíz de su encarcelamiento en Monclova, Coahuila, cuando fue acusado de extorsión por el dueño de Altos Hornos de México, Carlos Ancira, y el sindicato inclusive pagó una fianza de 600 mil dólares por su liberación, por lo que para el organismo su destitución ya es caso cerrado.

Por otra parte, sigue ilegalmente preso Juan Linares Montúfar, presidente del consejo general de vigilancia y justicia. Ello a pesar de que la segunda sala penal del TSJDF confirmó el auto de libertad en su favor.

Esa sentencia se suma a la de la novena sala en el mismo sentido, la cual dictaminó que no se cometió delito alguno con motivo de la creación, modificación y extinción del fideicomiso minero, informaron los abogados del sindicato.

Explicaron que el Ministerio Público del Distrito Federal, como autoridad de buena fe que es y por su obligación de no perseguir inocentes, confirmó ante el juez 51 de lo penal que no se cometió delito alguno en la creación, modificación y extinción del fideicomiso minero, y mucho menos en la aplicación de los recursos, lo cual se hizo en ejercicio de la autonomía sindical, lo que fue confirmado por los tres delegados de Scotiabank Inverlat al declarar ante el juez penal federal.

Inclusive, peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) que presentaron un dictamen para intentar acreditar la acusación contra el sindicato sobre dicho fideicomiso reconocieron ante el juez que no lo sustentaron en la técnica contable y que no se hizo de manera conjunta como la prevé la ley. Ello, además de haber incurrido dichos peritos en múltiples contradicciones, destacaron los representantes legales de la organización.