Lima, 9 de junio. Unos 3 mil indígenas continuaban bloqueando este martes una carretera en la Amazonia peruana luego de pactar una tregua con las autoridades, por lo que sus líderes advirtieron que mantendremos el corte hasta que el gobierno nos escuche, en medio de una situación potencialmente explosiva tras los enfrentamientos del pasado fin de semana que dejaron decenas de muertos y heridos.

En tanto, Nicaragua confirmó haber otorgado asilo político al líder indígena peruano Alberto Pizango por considerarlo perseguido del gobierno de Alan García, mientras Bolivia rechazó acusaciones el gobierno y congresistas de Perú de que el presidente Evo Morales haya alentado indirectamente las protestas y advirtió que esto tensa aún más las difíciles relaciones bilaterales.

Hoy estamos declarando una tregua de un día en nuestra lucha, para dejar pasar vehículos y que la gente no esté desabastecida, indicó el dirigente Vladimiro Tapayuri antes de ordenar la apertura de la carretera que une las ciudades de Tarapoto y Yurimaguas –unos 900 kilómetros al norte de Lima–, después de arduas negociaciones con la policía y la Defensoría del Pueblo.

No nos vamos a mover hasta que el gobierno derogue la legislación que afecta nuestro territorio, dijo Hernán Kariaja, apu (jefe máximo) de la etnia Kandozi, los grupos guerreros más respetados de la Amazonia, con comunidades desde la frontera con Ecuador hasta cerca de Cusco, en Perú.

Nosotros nos enfrentamos a los (soldados) ecuatorianos en la guerra del Cenepa y ahora nos quieren quitar nuestras tierras, agregó en referencia a una guerra fronteriza con Ecuador en 1995.

No levantaremos los bloqueos hasta que el gobierno derogue las leyes que atentan contra nuestro pueblo, advirtió a su vez Tapayuri, jefe del frente de lucha de las etnias Cocama y Cocaniche.

Sostuvo que ahora sus demandas también son por la liberación de los indígenas detenidos tras los enfrentamientos en la ciudad de Bagua el fin de semana, que según la Defensoría del Pueblo llegan a 40. Que se investigue lo sucedido en Bagua y se nos diga la verdad sobre los cientos de hermanos desaparecidos, dijo.

Tapayuri consideró al dirigente Pizango, que se asiló en Nicaragua, perseguido político y señaló que la lucha continuará hasta derogar las leyes que les afectan.

La esposa de Pizango, Sonia Huañapi, afirmó que su marido seguirá luchando por sus derechos pese a la persecución del gobierno y rechazó las acusaciones que se le hacen de responsabilizarlo de los sucesos de violencia.

El embajador nicaragüense en Perú, el líder histórico sandinista Tomás Borge, informó desde Managua que el presidente Daniel Ortega otorgó asilo a Pizango, de 44 años, al considerar que se trata de un caso estrictamente político y de un perseguido que tiene todas las características de serlo.

Indicó que su gobierno solicitará el salvoconducto a Lima para que pueda salir hacia Nicaragua.

Esto ocurre mientras se conocen muestras de solidaridad de organizaciones indígenas en Ecuador, Colombia y Bolivia, así como sendas protestas de residentes peruanos en Managua y otra ante la sede de la embajada peruana en La Paz, con pancartas en las que se responsabiliza al gobierno peruano de los desalojos violentos de campesinos e indígenas.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, rechazó en La Paz las acusaciones de parlamentarios peruanos de que Evo Morales haya tenido injerencia en el conflicto que estalló en la Amazonia peruana por la carta que envió a la cumbre indígena continental celebrada en Puno, a finales de mayo, en la que instó a los 5 mil delegados presentes a pasar de la resistencia, a la rebelión y de la rebelión a la revolución.

García Linera aseveró que las palabras y los papeles no matan, las palabras y las ideas de dignidad no asesinan, y subrayó que lo que provoca los conflictos, la violencia, la muerte o las sublevaciones no son cartas ni documentos. Son los problemas internos de cada sociedad, son las injusticias, los abusos y las discriminaciones que llevan a la gente a plantear sus luchas, sus resistencias, sus sublevaciones, reportó la corresponsal de La Jornada Rosas Rojas.

En tanto, se informó que un acercamiento entre el gobernante Partido Aprista Peruano, la Unidad Nacional y la Alianza por el Futuro –todas de derecha– abrió la posibilidad de que este miércoles se suspenda en el Congreso de Perú el decreto cuya vigencia desató los hechos de violencia entre fuerzas de seguridad e indígenas.

Mientras fuentes en el Congreso señalaron que el objetivo de esta medida se encamina a reabrir el diálogo con los nativos y buscar alternativas de consenso, el primer ministro Yehude Simón anunció que el gobierno se dispone a restablecer el diálogo y que se coordinará con la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia católica para que colaboren.

En medio de esta situación la ministra peruana de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, renunció en desacuerdo con la forma en que el gobierno de su país manejó la crisis en la Amazonia, para convertirse en la primera víctima política de estos sucesos. Además, exigieron las renuncias de Simon y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

En Washington, Perú defendió ante la Organización de Estados Americanos su ejercicio legal en los hechos de violencia del fin de semana en la zona amazónica de Bagua, en que murieron agentes e indígenas, y dijo que realiza todos los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos.

Agregó que el gobierno de Alan García utilizó la fuerza del Estado ante una conspiración contra el sistema democrático.