Monterrey, NL, 9 de junio. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, informó que a raíz del altercado entre policías municipales y agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) –que estuvo a punto de derivar en una balacera–, a partir de este martes a las 19 horas, los preventivos entregaron las armas largas que tenían a su cargo, según acuerdo concertado hace tiempo con las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública federal, pero que se aceleró a raíz de los incidentes del lunes.

Fasci señaló que los policías municipales deberán entregar armas, municiones y cargadores en sus corporaciones. En 2006, cuando más de 25 policías municipales, estatales y ministeriales fueron ejecutados por el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y los ayuntamientos, acordaron dotar de armas largas a 2 mil 700 de los 5 mil 800 agentes.

Comentó que desde hace muchos años no hay enfrentamientos entre policías municipales y miembros de la delincuencia organizada. Explicó que en caso de situaciones de emergencia, Ejército, PFP y policía estatal se harán presentes.

Explicó que sólo conservarán sus armas largas los agentes municipales que custodian a funcionarios de los ayuntamientos.

Por otro lado, confirmó que la movilización del lunes fue desencadenada por un intento por liberar a Aída, agente de San Nicolás de los Garza, señalada como brazo derecho del comandante Colosio o comandante Coloso, responsable del cártel del Golfo en San Nicolás de los Garza y Apodaca. Fasci desmintió informes extraoficiales de un supuesto noviazgo entre el capo y la oficial detenida, pero dijo que sí es su brazo derecho.

Según Fasci, la intención de los municipales al montar bloqueos simultáneos era evitar el traslado de un convoy del Ejército donde era conducida Aída a la séptima Zona Militar, para facilitar que un comando la liberara. La mujer, agregó, es muy apreciada por Los Zetas, según diversos reportes.

Sin embargo, algunos policías que participaron en los bloqueos supuestamente fueron engañados, pues se les ordenó que hicieran cierres de circulación para evitar que huyera un grupo que había levantado a uniformados, dijo Fasci.

Comentó que el lunes fueron detenidas siete personas, dos que están a disposición del Ministerio Público, tres civiles que investiga la PGR, y dos que resultaron agentes federales de inteligencia.

Mientras, la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local aprobó un proyecto de dictamen para que sean cesados los policías municipales y estatales que en horas de trabajo usen celulares o radios distintos a los que les asignen sus dependencias, pues algunos de esos aparatos se los proporcionan bandas de narcotraficantes para que los informen sobre operativos federales.