El gobierno de Felipe Calderón auspicia la corrupción con el manejo discrecional de miles de millones de pesos de recursos públicos no ejercidos, que se trasladan a fideicomisos cuyo paradero se desconoce, acusó el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Antonio Ortega.

El representante perredista señaló que el manejo ilegal de esos fondos se ha destinado a engordar las cuentas bancarias de los funcionarios federales.

Al salir en defensa de las revelaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), referentes al desvió de 120 mil millones de pesos en el primer año del sexenio de Calderón, Ortega acusó al gobierno de Vicente Fox de haber desaparecido 300 mil millones de pesos vía fideicomisos.

En la administración de Vicente Fox había subejercicios cercanos a 300 mil millones, de los que se tenía una especie de registro de cientos de fideicomisos que, repito, son figuras de carácter mercantil a las que se recurre para violar la norma y dejar en manos de funcionarios cantidades extraordinarias de dinero.

Esos recursos se pueden utilizar en cualquier cosa –insistió–, para atender demandas sociales, reclamos y necesidades, pero también para engordar cuentas bancarias y para campañas electorales. Eso es lo que tenemos que impedir. No podemos andar jugando a las adivinanzas sobre dónde quedan los recursos, eso hay que normarlo y precisarlo de manera muy clara.

Asimismo, consideró que la opacidad en el manejo de los recursos públicos obliga a la Secretaría de Hacienda a dar una respuesta clara a la ASF.

Hay un hecho que me parece contundente y que no está sacado de la imaginación, sino que es producto de una auditoría que se hizo a Hacienda, donde se observó que hay transferencias de un monto muy importante que la dependencia no está en condiciones de hacer por sí misma, pero la declaración de falta deberá determinarse hasta que venza el plazo que la propia ley de fiscalización establece.

–La Secretaría de Hacienda ha desacreditado la información proporcionada por la ASF.

–Todas las entidades y sus titulares tienen libertad y derecho de exponer públicamente sus puntos de vista y, en ese sentido, no tenemos que reclamar nada, lo que me parece grave es que por una decisión discrecional, y yo diría una facultad por encima de lo que establece la Constitución, el Ejecutivo por sí mismo haga reasignaciones presupuestales.

–Estas prácticas alientan la corrupción –se le señaló.

–Me parece inadmisible que lo que no se encuentra quede en manos de funcionarios que hacen y deshacen a su antojo con estos recursos.